El curso que termina se ha visto marcado por un terrible acontecimiento ajeno a la política española, la guerra de Ucrania, que ha enterrado cualquier tipo de optimismo una vez que la pandemia estaba en retroceso. La crisis es tan fuerte —y en otoño irá a peor— que Macron ha anunciado sangre, sudor y lágrimas para Europa; Estados Unidos ha entrado en recesión técnica; y en la zona euro la inflación se ha disparado al 8,9 % (en España al 10,8 %) y el crecimiento se ha estancado en el 0,7 % (1,1 % en nuestro país). Sin explicar este contexto internacional (que sistemáticamente el Gobierno destaca y el PP obvia) cualquier análisis sobre la situación económica española falla por su base, carece de fundamento, supone hablar en el vacío. Dicho esto, la cuestión es valorar si las políticas y las medidas del Gobierno, ya adoptadas o anunciadas, son las adecuadas o no para, en primer lugar, paliar los efectos de la inflación en la población, sobre todo en la más vulnerable, y, en definitiva, frenar la escalada de los precios. Son muchas y variadas, desde la subvención a los combustibles y la excepción ibérica arrancada a Bruselas por Sánchez y Costa para bajar el precio de la luz a la gratuidad de los cercanías, o el impuesto a empresas energéticas y bancos. Frente a esa opción, el PP, que no ha votado a favor de ninguna, insiste en una masiva bajada de impuestos para inyectar dinero a los ciudadanos y un pacto de rentas. Dos modelos. Este es el escenario: profunda crisis mundial, alerta roja ante lo que se nos viene encima y medidas del Gobierno con el objetivo de minimizar daños. Sacar de la ecuación el factor principal, la guerra de Putin, de la que, por cierto, se habla cada vez menos, y la consiguiente crisis energética, es simplista y tramposo.