Servicios de inteligencia y democracia
OPINIÓN
En los tiempos convulsos que corren es obvio que el Estado democrático de derecho debe tener capacidad para investigar las actuaciones que pueden afectar a la seguridad nacional y a la seguridad ciudadana. En esta labor resulta clave un servicio de inteligencia moderno y eficaz, responsable y robusto, que actúe en la salvaguarda de ese sistema democrático y, a la postre, para garantizar los derechos y libertades. Ese es el perfil que debemos defender de una agencia de inteligencia, superando modelos propios de regímenes autoritarios. Es más, el actual escenario de intensos riesgos y amenazas enfatiza el papel de estos servicios, especialmente en el mundo cibernético.
El trabajo de inteligencia es diferente al de otros sectores de la seguridad, con unas pautas propias que deben ser especialmente opacas en los medios y las fuentes. Ello requiere una formación específica y permanentemente actualizada, que permita a esos profesionales aportar estudios y análisis para evitar los peligros contra los intereses nacionales. Para que todo esto funcione adecuadamente resulta importante que los responsables públicos no aireen innecesariamente cierta información sensible. Esto significa que las comisiones parlamentarias donde se analicen sus actuaciones deben tener también límites y estar sometidas a deberes de secreto. La verdadera clave está en poseer una regulación detallada, que indique con precisión las funciones a desempeñar, potestades e instrumentos. En líneas generales, las dos leyes españolas del 2002 cumplen tal tarea respecto al CNI (la Ley 11/2002 y la LO 2/2002), al que hay que añadir la inteligencia militar y las de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esas leyes fueron en su día un esfuerzo relevante para superar situaciones del pasado. Quizá, hoy en día habría que actualizar alguna de estas previsiones para mejorar la dación de cuentas, la clasificación de materias reservadas y los secretos oficiales (para los que todavía hay una ley predemocrática, la Ley 9/1968). Pero, de momento, la intervención de comunicaciones del CNI necesita una autorización judicial previa en el Tribunal Supremo, una garantía de primera clase que actúa a nivel casuístico. Es lógico investigar a quien pone en peligro la integridad territorial del Estado y puede estar cometiendo delitos.
En todo caso, los dirigentes políticos de un país deben proteger el trabajo de sus servicios de inteligencia. Es una premisa elemental que no requiere comentarios adicionales. Sorprende, por ello, que en la España actual estos extremos estén al albur del subjetivismo irreflexivo de unos y de otros, agitados por la pulsión de sus intereses partidistas y un extraño victimismo. Mientras, la mirada de la ciudadanía es de recorrido corto, oscurecida por la manipulación informativa que se ha instalado en nuestra época, por lo que le es difícil abordar críticamente estas situaciones y exigir responsabilidades y rigor. No obstante, debemos reclamar explicaciones claras, aunque con los límites indicados, y que evidencien la eficacia de nuestros servicios de inteligencia. Si ello no es así, habrá que pedir dimisiones y aprovechar para fortalecer esos servicios esenciales en una democracia avanzada.