Tras el desgaste sufrido en los centros educativos por el covid, y sin tiempo de recuperación, la implantación de la Lomloe ha supuesto un nuevo esfuerzo de adaptación, poniendo a prueba su capacidad organizativa.
Esto es así no solo por la propia indeterminación de la ley, que deja en manos de las comunidades y los docentes decisiones fundamentales, sino también por su implantación improvisada. No se comprende que el Gobierno cambie los criterios para promocionar o titular en el mes de noviembre. O que espere casi a abril para determinar qué materias se van a impartir el curso próximo, sin dar tiempo a las comunidades autónomas a publicar sus decretos a tiempo.
Por otro lado, la ley devalúa la enseñanza obligatoria, rebajando los niveles de exigencia al facilitar el paso de un curso a otro con varias materias suspensas. Esto, a la larga, perjudica a los alumnos, que tendrán que hacer un esfuerzo enorme para superar el déficit en etapas posteriores de su formación académica.
En cuanto a los docentes, los carga de trabajo burocrático en detrimento de tareas pedagógicas. Desde hace años hay un clamor unánime para conseguir estabilidad educativa. En los países de nuestro entorno, las leyes educativas están consensuadas desde hace años, y aunque se reforman, adaptándose a los tiempos, mantienen sus principios originales.
En España llevamos ocho leyes educativas en los últimos 42 años (1980, 1985, 1990, 1995, 2002, 2006, 2013 y 2020).
Está demostrado que la estabilidad del marco legal mejora la calidad de la enseñanza y que cualquier ley mejora si se le da tiempo. Por ello, es imprescindible conseguir un acuerdo entre expertos ajenos a cualquier interés partidista.
Una ley educativa debe preparar a los alumnos para la vida profesional, diseñando programas sin perder esfuerzos en materias que no conducen a los fines propuestos. Debe atender también las diferencias entre personas, reduciendo la ratio en las aulas. Y todo para alcanzar el fin último, que es formar ciudadanos independientes y críticos, con voluntad de trabajo que les permita alcanzar metas partiendo incluso de condiciones de desventaja.
Un suspenso no debería ser un problema, sino el estímulo que demuestre al alumno que en él está la posibilidad de mejorar.
Cabe plantearse si las leyes educativas se diseñan en esta dirección.
Por lo pronto, la Lomloe nace con fecha de caducidad, garantizando más años de inestabilidad educativa.
Y si las cosas van mal, no le echen la culpa a los docentes.