El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. Estos son los objetivos de los servicios de inteligencia, según su página web, que también precisa que siempre debe actuar bajo la supervisión y el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Dicho esto, el CNI empleó el programa espía Pegasus para espiar a líderes independentistas. Este hecho suscita varias preguntas: ¿a quiénes se espió?, ¿había razones para hacerlo?, ¿existía algún peligro, amenaza o agresión para la integridad territorial de España?, ¿se cumplieron los requisitos legales imprescindibles? La denuncia realizada por el Gobierno catalán de que los dirigentes secesionistas fueron espiados de forma indiscriminada parte de un estudio de CitizenLab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto. El CNI ha confirmado las escuchas, pero aduce que fueron de forma individualizada y siempre bajo control judicial. Es decir, autorizadas por el magistrado del Tribunal Supremo responsable, tras dar el visto bueno a una exposición motivada. Lo que hay que dilucidar es si los espiados por los servicios secretos representaban una amenaza para la integridad territorial de España, teniendo en cuenta que en su día el Parlamento catalán decretó la independencia y que destacados líderes secesionistas fueron condenados por sedición, en forma de un «alzamiento público y tumultuario» para impedir la aplicación de las leyes y obstaculizar el cumplimiento de las decisiones judiciales en vistas a celebrar un referendo de autodeterminación. ¿Su actuación entra dentro de lo que se puede considerar una amenaza a la integridad territorial que justifique el espionaje? Esto se tendrá que debatir en la Comisión de Secretos Oficiales. Aunque será el Juzgado de Barcelona que se ocupa del asunto desde octubre del 2020 el que decida si el espionaje se ciñó a la ley o no. En todo caso, es necesario esclarecer estos hechos porque el Estado de derecho está en juego.