Aquellos que, sin prejuicios iniciales hasta el punto de haber sido declarados persona non grata por los saharauis, hemos tenido la suerte de visitar los campamentos de refugiados en Argelia en numerosas ocasiones, y además acudimos a informar sobre el proceso de paz entre Marruecos y el Frente Polisario, sabemos que las ofertas de Rabat han acabado siempre convenciendo a Occidente y convirtiéndose en papel mojado.
La elaboración del censo necesario y previo para la votación en el tantas veces aplazado referendo de autodeterminación (el Sáhara Occidental es legalmente una colonia cuya administración recae en España, y la ONU no admite que deje de serlo hasta que tenga lugar un referendo libre) fue una artimaña de Rabat de principio a fin. No solo intentó colar por la puerta falsa a miles de marroquíes en las listas, sino que, cuando veía que la tendencia le perjudicaba, frenaba la identificación de futuros votantes. Y en el momento en que comprobó que ni con eso iba a ganar, paralizó el proceso. Punto final.
Y en esas estábamos, con Occidente respaldando a la ONU a pesar de la hipocresía de Francia, Austria y Estados Unidos (que siguen vendiendo armas al rey Mohamed VI) pero con España navegando entre aguas, manteniendo las formas y evitando enfadar al vecino del sur, que tiene Ceuta y Melilla como rehenes.
La indignidad salió ahora a la luz: Madrid acepta la autonomía que propone Marruecos. Sin bandera, sin gobierno, sin competencias, sin policía propia ni nada. Una autonomía vacía de contenido. Es su problema. El de España, gritar al mundo que si el Gobierno está dispuesto a demostrar su carencia absoluta de ética, la gente de a pie no comulga con ruedas de molino.
La solidaridad con más de 150.000 refugiados en el desierto del Sáhara debe demostrarse ahora más que nunca. Hay, por desgracia, más vulneraciones de la legalidad internacional que la que sufre Ucrania.