La reforma laboral ha tenido de momento un único efecto, más político que económico. Muchos ciudadanos y no pocos analistas acaban de descubrir que España está gobernada por dos partidos que no tienen mayoría para sacar adelante ninguna ley o decreto que apruebe el Consejo de Ministros. En lugar de forjar un acuerdo con fuerzas que le garantizaran una mayoría de Gobierno, o de firmar lo que se conoce como un pacto de legislatura, Pedro Sánchez optó por anunciar en 24 horas un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos, obviando el hecho de que entre ambos sumaban 155 escaños y que, por tanto, vivirían toda la legislatura en el alambre, ya que les faltan 21 diputados.
Para ocultar esa evidente carencia, se creó la expresión «mayoría de investidura», inexistente en política y que no implica compromiso de estabilidad alguno. De hecho, ERC, a la que el Gobierno presenta como su aliado principal, no votó a favor de la investidura de Sánchez. Se abstuvo.
Este Ejecutivo en minoría puede por tanto pactar la reforma laboral con los agentes sociales o con el sursuncorda. Pero indefectiblemente tendrá que sumar luego una mayoría en el Congreso para aprobarla. Por eso resulta asombroso que no se molestara siquiera en consultar previamente a una sola de las fuerzas políticas su disposición a apoyar lo que ha firmado con patronal y sindicatos. Invirtiendo toda lógica política, Sánchez decide primero las cosas y luego busca los votos para aprobarlas. Argumenta que es «de sentido común» que el Parlamento bendiga lo que él firma estando en minoría. Pero en una democracia, lo que es de sentido común es que las leyes las apruebe el poder legislativo elegido por el pueblo. Lo otro se llama dictadura.
La consecuencia de ese esperpéntico procedimiento negociador es que el Gobierno ha dispuesto las fichas del tablero de la reforma laboral de una manera en la que, inevitablemente, saldrá trasquilado. Si la saca adelante tal y como la ha pactado con la patronal, no tendrá el apoyo de ERC y EH Bildu. Deberá buscar la mayoría en otros lares y sus socios se lo harán pagar. Si para ganarse el voto de sus aliados altera lo firmado, la reforma no tendrá el apoyo de la CEOE y se perderá el consenso social que exige Bruselas. Por resumirlo, o Garamendi u Otegi. Pero los dos a la vez no será posible. Ante esa evidencia, lo lógico sería que Sánchez llamara a Casado para negociar al menos la abstención del PP y sacar así adelante lo que el Gobierno juzga óptimo. Pero lo que pretende es aplicar la ley del embudo y traspasar al líder de la oposición la responsabilidad de que no saliera adelante aquello a lo que un Ejecutivo en minoría se compromete sin tener los votos necesarios.
Falta casi un mes para la votación. Pero, a día de hoy, apostaría a que, entre lo bueno para España, que sería llamar al PP para intentar sacar esta reforma laboral, o hacer lo que es malo para el país, que es redactar un nuevo texto con ERC y EH Bildu a costa de perder el consenso social, Sánchez elegirá lo segundo. La tercera opción, la de perder la votación, sería su epitafio político.