La capacidad del PP, y muy especialmente de su presidente, Pablo Casado, para convertir en derrotas todos sus triunfos no parece tener límite. El líder de la oposición debería estar en este momento brindando con champán después de que el Gobierno haya pactado con los agentes sociales una regulación del mercado de trabajo que, en la práctica, supone institucionalizar la reforma laboral aprobada por el PP en el 2012. Y, sin embargo, Casado se dedica a demonizar un acuerdo que es una renuncia sin paliativos de los dos socios del Ejecutivo a cumplir su programa. La mayor parte de aquello que Rajoy tuvo que aprobar en solitario ante la gravedad de una crisis que amenazaba con provocar unas tasas de paro insostenibles lo consagra ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, pero con el aval de los sindicatos, lo que otorga más solidez futura a esa normativa.
Lo que el Ejecutivo ha acordado con la patronal y los representantes sindicales, y lo que piensa aprobar hoy el Consejo de Ministros, no tiene absolutamente nada que ver con la derogación de la reforma laboral que prometieron Sánchez y Yolanda Díaz. Por más que ambos lo presenten como un triunfo político, supone la derrota de las tesis demagógicas que los dos enarbolaron al prometer lo que no era posible. Un aterrizaje en la realidad que deja tocada su credibilidad. Después de dos años proclamando que iban a convertir en ceniza la reforma laboral del PP, este Gobierno deja intacta toda la base en la que se cimentó esa regulación.
La reducción del coste del despido, que estableció un tope de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para el improcedente, y de 20 días por año con límite de 12 mensualidades para el objetivo, no se toca. Lo que los sindicatos rechazaron cuando gobernaba el PP, lo firman ahora. Y también salen ilesas de esta supuesta contrarreforma la gran mayoría de las medidas que se aprobaron para aumentar la flexibilidad laboral en las empresas.
Lo que haría un líder de la oposición con carisma y agallas sería, en primer lugar, celebrar públicamente que un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos haya acabado resignándose a asumir casi todo lo que aprobó el PP. Y, en segundo término, después de proclamar públicamente ese triunfo político, ofrecerse de inmediato a garantizar con su voto o su abstención en el Parlamento lo que han acordado la patronal y los sindicatos, para impedir que pueda ser modificado por los socios radicales del Ejecutivo que amenazan con no respaldarlo. No hace falta explicar qué efecto tendría el hecho de que la norma se aprobara gracias al apoyo del PP y el voto en contra de ERC y EH Bildu.
Pero, en lugar de eso, Casado se dedica a rabiar públicamente por un acuerdo que en la práctica le da la razón, convirtiéndolo así en un éxito del Gobierno que no es tal. Y, lo que es peor, abre un conflicto irracional de su partido con la CEOE y hasta amenaza con recurrir al Constitucional el decreto acordado. Desde su brillante idea de pelearse con Díaz Ayuso por lograr en Madrid un triunfo espectacular para el PP, no se conocía una torpeza semejante de Casado.