Sostengo desde hace tiempo la teoría de que lo que más favoreció el hecho de que España sea hoy uno de los países con mayor tasa de vacunación frente al covid no fueron las campañas de las distintas administraciones, ni esa machacona insistencia en el «vacunar, vacunar, vacunar» como mejor y casi única arma contra la pandemia. Tengo para mí que si esa enorme mayoría de españoles, históricamente tan propensos a la anarquía y la desobediencia, acudimos desde un principio en masa a que nos inocularan fue en parte gracias a aquellos primeros caraduras que decidieron saltarse todas las normas y protocolos para, prevaliéndose de su cargo o de su posición social, vacunarse antes de que les correspondiera. Fue, paradójicamente, la sinvergonzonería de aquellos alcaldes, concejales, curas, obispos y mandos militares lo que hizo que muchos en España vieran la vacuna como algo valioso y útil, hasta el punto de que hubiera miserables dispuestos a corromperse para conseguirla, y no como una obligación impuesta por la Administración.
Desde luego, no es amenazando con multas al que incumpla, ni sometiendo a los españoles a la humillación gratuita de tener que llevar puesta una mascarilla incluso cuando no haya una persona a decenas de metros a la redonda —sabiendo que es inútil—, como se va a consolidar la cultura de que la razón para llevarla cuando sí es realmente necesaria no es cumplir con una obligación impuesta arbitrariamente, sino protegernos y proteger a los nuestros.
Ocurrió con la vacuna y sucede con los test. La mejor forma de que la gente entienda que disponer de los medios para evitar el contagio es un privilegio es que los perciban como algo a lo que se tiene derecho, y no como una imposición. Ha bastado que algunas comunidades ofrezcan gratuitamente un test de antígenos o la posibilidad de hacerse una PCR de cara a la Navidad para que farmacias y centros de salud se llenen con miles de ciudadanos ávidos de obtener la suya, con el resultado de que se harán muchos más test y se detectarán muchos más contagios que de otra forma habrían pasado inadvertidos.
Si en lugar de imponer las mascarillas en exteriores cuando según todos los científicos es totalmente inútil, y de negarse a rebajar el IVA de las FFP2, que son las más eficientes, la Administración se preocupara por hacer llegar test de antígenos y mascarillas de manera gratuita o a precio simbólico a toda la población, probablemente su uso sería masivo en interiores y en aglomeraciones exteriores, en donde sí son realmente imprescindibles, según los expertos.
Pero si lo que el ciudadano percibe son medidas absurdas e ineficaces, como obligar a llevar mascarilla por la calle en un pueblo con 30 habitantes y con distancia social, mientras se permite a la vez que 60.000 personas se congreguen en un estadio de fútbol, lo que se conseguirá es dar argumentos al negacionismo irracional y también que se acabe perdiendo el respeto ante las recomendaciones científicas verdaderamente eficaces, en las que sí nos va la vida.