Una financiación suficiente como garantía de la justicia social
OPINIÓN
Gracias a la iniciativa y la hospitalidad del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ocho comunidades de España, que suponen el 62 % de su territorio y la cuarta parte de su población, nos reunimos el 23 de noviembre en Santiago de Compostela para fijar una serie de posiciones comunes sobre los criterios que se deberían seguir ante una futura reforma del sistema de financiación autonómica.
Todos compartimos la misma opinión negativa del actual sistema, que desde su inicio fue insuficiente, ineficiente y deficitario. Por ejemplo, en Castilla y León uno de cada seis euros de nuestro gasto social no lo cubre el modelo de financiación. Así, su incapacidad para proporcionar toda la financiación que requieren los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas constituye su principal defecto estructural.
En esto influye decisivamente la primacía absoluta que hoy tiene el factor de la población —un 97 %— para calcular el coste real de tales servicios. Por ello, una de las más importantes reclamaciones que expresamos en esa reunión fue que tal factor sea ponderado suficientemente por otros como la superficie, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento, que originan un sobrecoste muy notable a la hora de llevar los servicios públicos que merecen las personas a lo largo de todo el territorio. Esto es algo que ven y comprenden fácilmente tanto los gallegos como los castellanos y leoneses.
Si nos fijamos en la dispersión, por ejemplo, educar a un niño en un pueblo es un 40-50 % más caro que en una ciudad. Si nos fijamos en el envejecimiento, el gasto sanitario de una persona mayor de 75 años es cinco veces superior al de un menor de 45.
Y si nos fijamos en el territorio, Castilla y León, la comunidad más extensa de España, ofrece innumerables casos. Baste decir que sostenemos el 38 % de todos sus consultorios locales, el 17 % de todas sus carreteras autonómicas, el 18 % de la superficie forestal española o el mayor número de bienes culturales y Patrimonio de la Humanidad de nuestra nación.
Por todo lo anterior, conseguir una financiación que cubra los costes reales de los servicios públicos que permiten asegurar el bienestar de las personas nos unió a todos los participantes en ese foro. Así, una financiación suficiente se convierte en garantía de justicia social. Una financiación sin privilegios para nadie. Atendiendo las necesidades de todos y escuchando a todos. Con la convicción de que, si lo logramos, habremos dado un paso de gigante en la consolidación del Estado de las autonomías.