Una Justicia lenta es menos justa. Pensemos en aquellos que tienen que esperar años para cobrar una pensión de la que depende que puedan comprarse una barra de pan que llevarse a la boca, o en los que tienen que esperar casi dos años a que un equipo psicosocial dictamine si un progenitor es apto o no para ostentar una custodia compartida. Realmente desesperante. No obstante, que nadie piense que la culpa es de aquellos que trabajan en los juzgados. Nada más lejos de la realidad. Salvo algún garbanzo negro que puede haber, como en todas las profesiones, los jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y demás funcionarios se encuentran cada mañana con cientos de expedientes que les conducen en muchas ocasiones a que tengan que llevarse el trabajo a casa. ¿Cuál podría ser la solución a este colapso? Indudablemente, invertir en la Administración de Justicia. Ampliar el número de funcionarios y dotar las oficinas judiciales de medios tecnológicos suficientes. No parece de recibo que en pleno siglo XXI los abogados, cada vez que asistimos a una vista, tengamos que llevar varios juegos de copias de la prueba a presentar, que suponen cientos y cientos de folios. Es decir, como se haría en el siglo XIX, por no irnos más atrás. Como no es cuestión de actitudes de los funcionarios, sino de dinero, habrá que pensar en detraer parte de partidas presupuestarias asignadas a temas de mucha menos relevancia social.