Primero, cuatro premisas. El calendario aprieta: la reforma laboral entrará en vigor a principios de enero, so pena de excomunión dictada por la Unión Europea. Los pactos entre los agentes sociales resultan deseables: por lo general, proporcionan estabilidad y duración a lo acordado, aunque no siempre garantizan ni la una ni la otra. Levantarse de la mesa a destiempo, antes de agotar toda posibilidad de cambiar un párrafo o un simple acento, supone una dimisión irresponsable: la renuncia a defender hasta el último instante los intereses que representas. La palabra definitiva, con o sin diálogo social, siempre la tiene el Parlamento soberano.
Segundo, una afirmación. La CEOE, bajo la presidencia de Antonio Garamendi, se ha mostrado invariablemente proclive al diálogo y al acuerdo. Suscribió una docena de pactos y se desenganchó en los dos últimos —subida del salario mínimo y hucha de las pensiones—, lo que algún medio achacó a presiones políticas del PP. Según esta hipótesis, el punto de inflexión entre el Garamendi pactista y el Garamendi que rehúsa la foto del consenso lo constituye su agrio encontronazo con Pablo Casado por los indultos del procés. «Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean», dijo entonces el presidente de la patronal, provocando la airada reacción del líder del PP, que tildó a empresarios y obispos de «cómplices» de Pedro Sánchez. La sospecha de que ahí se doblegó Garamendi está por demostrar. Porque, incluso cuando dijo no, se mantuvo en la mesa hasta el último suspiro, y ahora, asegura, retoma la negociación de la reforma laboral «con espíritu de acuerdo».
Tercero, una constatación. Las posiciones, tanto en el seno del Gobierno como entre los interlocutores sociales, se están aproximando. En julio, todos marcaban paquete y se situaban en las antípodas. La CEOE calificaba de «comunista» la primera propuesta de Trabajo: significaba «el abordaje marxista del mercado laboral» y provocaría una «destrucción de empleo inesperada». Después se rebajaron los decibelios y comenzó el más estéril y pueril debate desde la eterna discusión sobre el sexo de los ángeles: ¿derogación o reforma? Posteriormente, ya con los pies en la tierra y los codos sobre la mesa, los interlocutores comenzaron a hincarle el diente a los tres principales motivos de la discordia: la prevalencia o no de los convenios de empresa, la ultraactividad y la temporalidad. Este último, las medidas para paliar la lacra de la temporalidad, constituye el hueso más duro de roer y el que, a la postre, puede frustrar el acuerdo. Pero nadie negará el avance: hemos pasado de la propuesta «marxista» a una propuesta «farragosa».
Cuarto, una previsión. Habrá reforma laboral. Quizá sin la firma de la patronal, pero sí con su impronta. Sin su aquiescencia, pero con su huella. Muy distinta de la aprobada por el Gobierno de Rajoy, por decreto-ley, cincuenta días después de tomar posesión. Y patrocinada por la ministra Fátima Báñez, hoy presidenta de la Fundación de la CEOE, quien solo se reunió con los agentes sociales... cuando la norma ya estaba en vigor.