Plusvalía: otra oportunidad perdida
OPINIÓN
El Tribunal Constitucional ya había fallado, en el 2017 y el 2019, en contra del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la conocida plusvalía municipal, estableciendo que no se podía exigir si la transmisión se había cerrado con pérdida y cuando el importe del impuesto superaba el beneficio real obtenido por el contribuyente.
El pasado 26 de octubre observamos cómo el alto tribunal tumbaba el sistema del cálculo de gravamen de esta figura municipal, impidiendo así la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del tributo local.
No debemos olvidar que esta figura impositiva es la que más ingresos brinda a los municipios, por detrás del IBI. Ante esta situación, la respuesta del legislativo no se hizo esperar y el lunes observamos cómo el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley con el que adaptaba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Pero, mediante este real decreto-ley, el legislador ha vuelto a provocar —por enésima vez— una enorme inseguridad jurídica, ya que, al no establecer una transitoriedad normativa, ha creado un limbo jurídico entre estos trece días, lo que da lugar a que las operaciones realizadas entre esas fechas queden exentas del tributo. También ha generado una enorme incertidumbre sobre las transmisiones producidas con anterioridad al 26 de octubre y sobre las que no se hubiera practicado liquidación.
Paralelamente se percibe que este nuevo cálculo de la plusvalía nace bajo la sospecha de resultar también inconstitucional, ya que la figura utilizada para su transformación ha sido la del real decreto-ley, prescindiendo de una ley ordinaria.
Se observa cómo las leyes en España cambian continuamente. Normas esenciales, troncales, son modificadas una y otra vez, a veces incluso pocos meses después de su promulgación. Una legislación que cambia continuamente en cuestión de meses, y no en asuntos menores, genera conflictividad.
El legislador ha dejado escapar una nueva oportunidad de conferir cierta seguridad a un contribuyente que tiene sobre sus hombros la tarea de conocer, interpretar y aplicar una normativa tributaria inevitablemente compleja.