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Miguel Lorenzo Torres SENADOR Y PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR EN LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA CÁMARA ALTA

OPINIÓN

Ricardo Rubio | Europa Press

03 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Una pista poco engañosa para entender si un gobierno toma decisiones en clave electoralista tiene que ver con el momento en el que empieza a discriminar colectivos para regalar cheques. Por un lado, el Ejecutivo fomenta que los alumnos pasen de curso académico sin necesidad de adquirir conocimientos y sin cumplir objetivos, pero, sin embargo, después se les regala un bono de fomento de la cultura de 400 euros, una especie de dádiva que señala a sus beneficiarios en función de una edad que, ¡oh, casualidad!, es aquella en la que se pueden estrenar en las urnas. Más de medio millón de jóvenes podrán beneficiarse de la medida del Gobierno gracias a que cumplen 18 años. Los de 17 o 19 no podrán hacerlo, ni tampoco los veinteañeros, ni los jubilados o los cincuentones, por empezar a trazar conjuntos y subconjuntos. «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho», dice la Constitución. Se ve que con este Gobierno unos tienen más derecho que otros, ya que el foco lo ponen en las urnas más que en los ciudadanos.

La situación es especialmente llamativa en un momento en el que es perentorio el diseño de medidas que reactiven un sector golpeado por la pandemia, en un contexto en el que se demandan programas específicos que reanimen el consumo cultural. Las propuestas que hemos hecho desde el Partido Popular van en ese sentido y es por ahí como cabe entender también el esfuerzo que hace la Xunta para lanzar una medida como el Bono Cultura, con mucha más modestia en cuanto a disponibilidad presupuestaria, pero con una vocación nada discriminatoria, pues abarca todos los públicos.

Emparejar el consumo con el cumplimiento de una edad es un error que golpea directamente en la línea de flotación de una actividad, la cultural, que, poliédrica como es, jamás debe ser excluyente. En vez de apuntar a establecimientos, empresas o agentes culturales, se interviene directamente sobre un determinado consumidor. Y se cae, además, en otra perversión, la de definir qué es y qué no es cultura y a partir de ahí entrar en contradicciones que evidencian una vez más las improvisaciones de este Gobierno y algunas fobias. Basta un ejemplo: el ministro Iceta reconoció en unas declaraciones que los toros son un patrimonio cultural y que el Estado tiene el deber de protegerlo. En esa línea se manifestó también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ahora sabemos que, tras diversas presiones de los socios de gobierno, la tauromaquia ha quedado excluida del bono gubernamental.