Independientemente de la importancia que presenta el debate sobre la legislación laboral y la reforma prometida por el actual Ejecutivo, la realidad es que se enfatizan más las consecuencias de las diferencias entre los dos partidos que gobiernan que los contenidos a debate y/o negociación. Esta atención a las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos es relevante en tanto articula o impide la acción de gobierno, al tiempo que da protagonismo a unos u otros actores y sus egos. Aderezado todo ello con una interpretación restrictiva de lo que la UE o la Comisión al parecer sostienen sobre el mercado laboral. Regulación laboral que, como sabe Casado, solo corresponde al Parlamento. No hubo autoridad europea que se pronunciara ante la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, aprobada -sin acuerdo social- con la mayoría absoluta popular y el apoyo de CiU. Por ello no es la UE, y los compromisos adquiridos para recibir los fondos de recuperación, lo que condiciona el contenido de la reforma laboral, sino la posibilidad de acuerdo entre patronales, sindicatos y Gobierno. Es en esa mesa de negociación donde están las discrepancias.
A nadie se le oculta que la temporalidad del mercado de trabajo se ha hecho intolerable, con un 25 % de los contratos sometidos a ella. A lo que es necesario añadir la elevada tasa de paro juvenil, la regulación de la subcontratación y la primacía del convenio sectorial frente al de empresa, o la prórroga del convenio una vez caducado a más de un año. Y por último, la alternativa a los ERTE por covid, el instrumento que ha mantenido a flote miles de empresas y millones de empleos durante la pandemia. Alternativa que los sindicatos reivindican que debe ser tutelada por la Administración, dado el carácter público de parte de los recursos. Siendo esta alternativa a los ERTE un instrumento capital en la recuperación, dadas las características de muchas empresas, como evidencia un reciente estudio de Audicon que ha analizado detalladamente La Voz de Galicia, en el que se refleja el deterioro del tejido empresarial gallego, donde el 30 % de las empresas tienen problemas de liquidez, el 20 % de solvencia. Con el 13 % de las analizadas, inviables. Nada nuevo en el mundo empresarial, como se puede ver en un trabajo de Carmona y Dios sobre Mortalidad empresarial en Galicia (1972-2008).
Con la actual perspectiva empresarial y económica, más la inflación, la crisis de energía y la escasez de materias primas, a nadie se le escapa que la reforma de la reforma laboral es una pieza clave en las políticas actuales, con conglomerados empresariales multinacionales difíciles de someter a legislaciones estatales. Más allá de lobis, egos o capacidades de partidos, patronales o sindicatos para saber del futuro y sus necesidades. Porque ahí están los populismos, también las necesidades.