El 1 de septiembre, ayer, desaparecieron una gran parte de los peajes en las autopistas de España. Quedan apenas un 12 por ciento de los kilómetros de autopistas con peaje, entre ellos los de la AP-9, que los mantendrá hasta el año 2048. Una AP-9 de historia singular, en concesión en 1973 a Audasa C.E.S.A. como recordaba La Voz recientemente, rescatada como pública e integrada en ENA (Empresa Nacional de Autopistas) en 1984, y privatizada -con la concesión ampliada- en el 2003. Por más que la desaparición de los peajes no conlleve la de los costes de mantenimiento y mejora. De hecho, el estado destina 137 millones para la conservación y mantenimiento de los quinientos kilómetros liberados de peajes este año. Mantenimiento que tampoco la concesión garantiza, al menos no en las condiciones exigibles para la seguridad de los usuarios.
Así sucede con el tramo de la AP-9 entre Pontevedra y Vigo, carente de señalización y catadióptricos reflectantes en el firme, excepto Rande, señalización que sin embargo existe entre A Coruña y Pontevedra, pero que tampoco se observa en la autonómica de Vigo a Baiona, y quizás en otras de pago que no he tenido la necesidad de disfrutar en noches de trebón. Una carencia que multiplica el riesgo en días de lluvia y niebla, incluso en agosto, y que resulta inexplicable salvo por la dejadez de la concesionaria, las autoridades -incluidas las que reivindican la transferencia- y los usuarios. Por no enredarnos en la discriminación del sur.
Situaciones de deficiente movilidad que no están entre las detectadas por la Asociación Española de la Carretera, que estima que el 10 por ciento de los kilómetros de las carreteras españolas -en total unos 26.000 kilómetros- presenta una gran deficiencia, incompatible con una movilidad segura. Estimando que para paliar esas deficiencias serían necesarios unos 8.000 millones de euros este año. Un 70 % del presupuesto actual de la Xunta.
Nada es gratis. Ni con peaje ni sin peaje. En el primer caso porque se paga dos veces, vía impuestos y cobro directo de la concesionaria, y en el segundo a través de impuestos. O como sondean ahora, también pago por uso, al modo de Portugal.
Como ven, difícil elección. Pues si la rebaja aplicada por el Gobierno de Sánchez en la Autopista del Atlántico responde a un reconocimiento de la desigualdad gallega por no verse liberada de peaje hasta el 2048, lo que con alta probabilidad equivale a nunca para algunos usuarios, no por ello debemos ignorar que esa rebaja, considerada insuficiente (sic) por la Xunta, le costará al Estado al menos unos 2.300 millones, más lo que pague directamente cada usuario a la concesionaria. Aunque si gobiernan quienes hoy son oposición, nos cuentan que nos saldría más barato. Creerlo o no es libertad de cada uno. Por ahora me conformaría con poner, donde hoy no existen, los catadióptricos, un firme permeable con drenajes y un continuado mantenimiento, más allá de las podas y siegas vegetales. Minucias de conductor.