Asistimos, de un tiempo a esta parte, a un proceso de desnaturalización de la figura del autónomo, para convertirlo en una especie de «asalariado asimilado». Las normativas que se han ido promulgando en los últimos años van en esa línea. Eso sí, según dicen quienes propician esos cambios, por el bien de los autónomos. Ocultan la finalidad última de todos estos cambios, y no es otra que terminar con los autónomos, que desaparezcan sin más. Adiós al espíritu emprendedor, a la libre iniciativa individual, a la asunción de riesgos; bienvenida la seguridad, siquiera sea en precario y dependiente de la limosna del gobierno de turno.
La próxima aprobación de un sistema de cotización por ingresos es la puntilla final a un proceso que comienza con la promulgación de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, en el 2007, y continúa con la imposición como obligatorias de la cotización por las contingencias profesionales, la posterior obligación de cotizar por el cese de actividad o paro de los autónomos, la restricción de la libertad de los autónomos para escoger la base de cotización en determinados tramos de edad o según la forma jurídica utilizada, o la conversión -ley riders mediante- de miles de autónomos en asalariados, como paso previo a enviarlos al paro. La consecuencia es la subida progresiva de las cuotas sociales, que merman la capacidad económica del colectivo, ya que tiene que pagar al Estado una cantidad cada vez mayor, quiera o no, eliminando recursos que el autónomo podría emplear libremente, por ejemplo, en planes de pensiones, en seguros privados con menor coste u otro tipo de inversiones productivas.
El Régimen de Autónomos desaparecerá irremediablemente, en breve plazo, al menos en su espíritu, que no era otro que dotar de libertad a unos profesionales que se sienten libres e independientes y que son, además de mayores de edad, capaces e inteligentes para decidir el mejor empleo que han de dar a los recursos que ellos mismos generan. Un régimen para tiempos de libertad, que además fomentaba la responsabilidad y el ahorro, desaparecerá para ser sustituido por un apéndice del Régimen General, donde el autónomo es tratado como un menor de edad y todo se lo queda el Estado, que reparte las migajas. Eso sí, todo ello por el bien de los autónomos.
Los autónomos son los únicos que arriesgan su patrimonio, invierten y esperan, legítimamente, obtener un beneficio, crean empresas, contratan empleados, se financian en muchos casos con su propio patrimonio y hasta ahora lo hacían al margen del poder y del control de los agentes sociales.
Esa es la razón última por la que el poder político ha decidido, por la vía de los hechos, terminar con los autónomos, tal como los hemos conocido. Se busca domesticarlos, amaestrarlos, someterlos y convertirlos en dependientes de las limosnas del gobierno de turno.
Es, será, si no lo remediamos, el fin de los autónomos.
El autor es presidente de la Federación de Autónomos de Galicia.