Ya tenemos una nueva oportunidad para el encanallamiento político: la ley de Memoria Democrática cuyo proyecto aprobó el último Consejo de Ministros. Desde Zapatero, cada vez que hay un Gobierno socialista una de sus primeras aportaciones es la revisión o actualización de la memoria histórica. Para ese Gobierno es casi una cuestión ética: hay que hacer justicia a las víctimas del franquismo, hay que liquidar cualquier símbolo que lo recuerde, hay que combatir el enaltecimiento de la dictadura. Una cuestión ética, ya digo. También una cuestión cultural. Por ampliación, lo que más distingue a la izquierda y a la derecha en este país. Y, al margen del problema territorial, lo que más tensión política crea.
Al asomarnos a esta nueva legislación, las preguntas de partida son si resulta tan necesaria y si este es el momento oportuno para hacerla. Y miren ustedes: no esperen respuesta uniforme. Es necesaria para quienes creen que España sigue sin condenar su última y larga dictadura y consideran que es necesario borrar su estela definitivamente. Es una inquietud falsa para quienes sostienen que hemos vivido cerca de 40 años sin mover el cadáver de Franco, sin tocar a la fundación que ensalza su nombre y sin retirar monumentos, y no por ello la democracia ha sido peor, ni se han reducido derechos sociales, ni se deterioró la convivencia. Ambas posiciones tienen algo o mucho de verdad, con lo cual la decisión final corresponde a quien tiene la iniciativa política, que es el Gobierno.
¿Saben lo que preocupa a este cronista y supongo que a algún español más? Que la iniciativa de tocar la memoria esconda una intención de manosear la historia, intención que de alguna forma aparece en el articulado que se refiere a la educación. Y le produce tristeza que se acometa una nueva lectura del pasado sin tener en cuenta lo más positivo que hubo en España en este período democrático y en los últimos siglos: aquella operación maravillosa que un comunista, y no un franquista, llamó desde el principio «reconciliación nacional». Aquello fue un abrazo de las dos Españas, fue una mirada al futuro, fue la construcción conjunta de un modelo de Estado y de un proyecto de país, fue un empeño lleno de grandeza gracias al cual se hizo posible el milagro del pacto constitucional del 78.
Si la izquierda tiene derecho a promover esa ley, igual que lo tuvo para la anterior, ¡qué maravilloso sería que algo de tanta ambición como buscar la justicia y la verdad de la dictadura fuese compartido por todas las fuerzas políticas, como lo fue la reconciliación! ¡Qué grandioso sería ver por lo menos a los dos grandes partidos compartiendo las mismas ideas sobre algo que tanto afecta a la convivencia! Pero no hay noticias de que se haya intentado siquiera. Y eso nos devuelve -¡80 años después!- a una dialéctica de vencedores y vencidos. ¡Cuánto lo siento!