Hace hoy una semana acudió al Congreso el presidente del Gobierno y allí, en medio de un escarnio general sobre la futilidad de su palabra, hizo una promesa formal que pronto se reveló muy distinta a su apariencia. Sánchez se subió a la tribuna y proclamó: «El PSOE nunca jamás aceptará un referendo de autodeterminación». La respuesta de aliados y oposición se redujo a recordarle al presidente aquel título de una famosa película de 007: Nunca digas nunca jamás. Porque luego sucede lo que con los indultos: que del «exigiré que las penas se cumplan al completo» se pasa al «perdón indispensable para lograr la concordia» y bla, bla, bla.
La finalidad de la declaración presidencial sobre la autodeterminación no era dar carpetazo a la exigencia separatista de una consulta popular sino justamente la contraria: colocar el tema del referendo en la agenda, para que sus ministros se pronuncien sobre él (Iceta, forofo de la idea desde hace años, saltó sobre la presa de inmediato) abriendo así, en lugar de cerrarla, la posibilidad de un referendo que, engañándonos, pudiera satisfacer a los socios separatistas del Gobierno.
Es el problema de aquellos que, a base de mucha potra, acaban confundiendo la suerte con sus habilidades. Así le sucedió a Zapatero hasta que, cuando su fortuna fue barrida por la crisis del 2008, quedó al descubierto su total inutilidad y la inanidad de su proyecto para España.
Nada hace pensar, sino todo lo contrario, que los separatistas vayan a aceptar que por su cara bonita Sánchez les dé gato por liebre, es decir, inversión por secesión Pero supongamos que impresionados por la bondad del presidente más progresista de la galaxia tal cosa sucediera. ¿Que pregunta, diferente a la de la separación, podría hacer el Gobierno al electorado catalán? Solo cabe imaginar un interrogante, ¡disparatado!, sobre si quiere más autonomía y mejor financiación. Ocurre, sin embargo, que la primera cuestión tendría que plasmarse en un nuevo Estatuto aprobado por el Parlamento regional y por las Cortes, y sometido a control previo de constitucionalidad, antes de pasar por el voto popular. Sería esa una promesa, pues, tan descabellada como la que hizo en su día Zapatero (aprobaré el Estatuto que vote el Parlamento catalán) origen del desastre posterior. En cuanto a la financiación, ese asunto se decide de forma multilateral por todas las comunidades y no parece probable que los presidentes autonómicos del PSOE y del PP estén dispuestos a pasar por el aro que les ponga Sánchez en beneficio del separatismo catalán, para asegurarse dos años más de legislatura.
Sánchez, que ha demostrado sobradamente que los límites derivados del Estado de derecho son para él solo una molestia, actúa como si la Constitución y las leyes no existieran. A eso le llaman ahora en el Gobierno no judicializar la política y quitar piedras del camino. Pero un camino sin piedras es un lodazal. Y en ello se ha convertido desde la infausta moción de censura del 2018 la política española.