Muchos historiadores han sucumbido a la tentación de vincular las reformas políticas y estructurales a hechos concretos, con frecuencia violentos, a los que se les concede la virtud de impulsar el proceso de la civilización. Así hablamos de la deposición de Rómulo Augústulo por Odoacro, de la caída de Constantinopla, del descubrimiento de América, la Revolución Francesa o de las guerras mundiales, como si hubiesen generado el Occidente medieval, el Renacimiento, las democracias liberales, el fin de los imperios o el nacimiento del mundo actual. Es decir, tomamos el rábano por la hojas, y fabricamos cortes en el devenir histórico -ahora se dice «un antes y un después»- que en muchos casos no superan el horizonte egocéntrico de una generación.
La realidad, sin embargo, es muy distinta, ya que esos acontecimientos solo son el último episodio de los largos procesos civilizadores -el agotamiento de Roma, la llegada del cristianismo, la construcción del Estado moderno, la aparición de los mercados internacionales y la economía capitalista, la Ilustración, las revoluciones industriales, o el marxismo- que generaron las orientaciones y necesidades del cambio. Porque son las ideas las que cargan los hechos de energía, y no al revés.
Algo parecido, aunque en modesta proporción, debe de estar pasando con el covid-19, que, descrito como una plaga apocalíptica, que las vacunas doblegaron en un año, está siendo presentado como el determinante de cambios que ya estaban descritos e iniciados mucho antes, y que no deben ser presentados como conejillos que la pandemia sacó de su chistera. Una visión inocente que subyuga a los que conducen con luces cortas, porque no acaban de advertir que todos esos cambios ya estaban ahí, esperando la ocasión.
De todos esos cambios voy a señalar uno, que no podré explicar, que es la reinterpretación de la España descentralizada, que está potenciando el papel de las comunidades autónomas, integrándolas de lleno en la gobernación del Estado, generando importantes y benéficos contrapesos aplicables a la estabilidad y a la dinámica democrática, y modificando en profundidad la organización de los partidos y la generación de los liderazgos. También cabe decir que, más allá de las relaciones de poder, se intuye un cambio muy interesante del sistema mediático que, como reflejo de la aparición de nuevos centros de información e influencia, dejó de estar dominado por la capital del Estado, para distribuirse en otros centros de poder -entre los que se incluyen Madrid y su comunidad autónoma- que están incrementando su participación en la creación y modificación de la agenda política del Estado.
Pero estos movimientos, todavía incipientes, ya estaban claramente exigidos por la Constitución de 1978, y armados sobre una praxis que le da carta de naturaleza a la revolución descentralizadora. Por eso debemos aplicarnos a entender lo que está pasando, para integrarlo en la gobernanza del Estado. Porque se trata de un cambio positivo que nos conviene culminar.