En su afán por hacer tragar a los españoles un indulto a los golpistas del procés jurídicamente insostenible y políticamente impresentable, que solo se justifica por el hecho de que Pedro Sánchez no puede gobernar sin los 13 votos de ERC, el Ejecutivo quiere hacerse perdonar el escándalo con argumentos peregrinos, como el de que el indulto será parcial, reversible y no afectará a la inhabilitación. Vayamos por partes. El indulto será parcial, pero no porque lo decida el Gobierno, sino porque así lo establece la ley. Después de que la Fiscalía y el Tribunal Supremo se hayan pronunciado en contra con informes cristalinos en los que dicen lo evidente, que es «inaceptable» indultar a quien no quiere ser indultado y encima anuncia que volverá a cometer el delito por el que fue condenado, la ley niega al Gobierno el poder de indultar totalmente a los presos. Solo le cabe, por tanto, rebajar las penas.
En cuanto a lo de que el indulto será «reversible» porque si vuelven a delinquir el perdón les será anulado, es una tomadura de pelo, porque en todos los indultos se da por hecho que si el preso vuelve a violar la ley regresará a prisión. Como lo haría, por otra parte, cualquiera que cometa un delito penado con la cárcel, con independencia de que antes haya recibido o no un indulto. Lo único «reversible» en este asunto son los principios de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno podría haber callado sobre esta cuestión en la campaña electoral para guardarse la baza de ganarse el apoyo de los independentistas con el indulto si le resultaba necesario, sin que nadie pudiera reprocharle nada. Pero no lo hizo. Se presentó a las elecciones asegurando que los presos del procés cumplirían la pena impuesta «en su totalidad» y que volvería a tipificar como delito los referendos ilegales. Y se comprometió, de paso, a traer a Carles Puigdemont a España para que rindiera cuentas ante la Justicia. Pidió el voto con esas tres premisas. Y después de obtenerlo, ha hecho exactamente lo contrario. Impedir que los condenados cumplan su pena, incluso llevando la contraria al Tribunal Supremo, y comprometerse a un cambio en el Código Penal que, lejos de endurecerlo, rebajaría el delito de sedición y permitiría a Puigdemont volver a España de rositas.
El último argumento del Gobierno para que los españoles traguen la quina del indulto es que, aunque los reos insistan en que lo volverán a hacer, no podrá haber una nueva sedición ni otra proclamación de independencia porque se mantendrá la inhabilitación y no podrán ser cargos públicos. En primer lugar, algunos de los condenados por sedición, como los Jordis, no eran cargos públicos. Y, en segundo, los indultados quedarían con tarjeta amarilla y sin poder jugar en el equipo de la Generalitat. Pero el golpismo tiene buen banquillo. El nuevo vicepresidente catalán, Joan Puigneró, se ríe de los indultos y amenaza ya con un «segundo embate» golpista si no se concede la amnistía. De modo que, si Sánchez quiere indultar a los presos porque necesita a ERC, que lo haga y asuma el coste político. Pero que no tome por tontos a los españoles.