Es posible, muy posible, que a finales de los años 80 se hubieran vulnerado los derechos humanos entre los refugiados saharauis en el suroeste de Argelia. Momentos de encarnizados combates en el desierto, infiltración de espías en los campamentos trabajando a favor del enemigo (o sea, Marruecos), escasez de todo… En 1987, desde luego, el grupo de periodistas que recorrió libremente esos campamentos antes y después de ir al campo de batalla -y en el que se encontraba el autor de estas líneas- no detectó ninguna tensión en ninguna jaima fuera de la propia de la guerra. Nadie tenía miedo al Frente Polisario, nadie habló de torturas ni similar. Pero sí, en una situación así es más que probable que alguna persona en concreto haya sido injustamente acusada, golpeada e, incluso, quizá torturada.
Y cualquiera puede presentar una querella. Pero va a ser más difícil probar que Brahim Gali, el líder Polisario, hoy en un hospital de Logroño, participó en esos supuestos abusos. Pero sígase el procedimiento, y si tiene que declarar ante el juez, que declare y que se atenga a las consecuencias. Como todo el mundo.
Y mientras tanto, mientras se devuelven a Marruecos a los miles de personas que llegaron a nado a Ceuta, el espectáculo tan carpetovetónico sigue. Y lo peor no son esas fotos de impresentables dándole patadas al coche que llevaba a Pedro Sánchez, como si él tuviera la culpa de algo, sino las declaraciones y actitud de Pablo Casado, incapaz de entender que en ningún país civilizado la oposición se lanza a degüello del Gobierno en un tema de Estado. Pero ya sería mucho pedirle que tuviera ese sentido de la responsabilidad.