La separación de poderes es un principio básico de nuestro Estado democrático de derecho. Implica que el ejecutivo, el legislativo y el judicial deben cumplir aquellas funciones que tienen constitucionalmente encomendadas, además de no interferir en la actuación de los otros poderes. El caos jurídico que estamos viviendo en España a raíz de la finalización del estado de alarma es un ejemplo de cómo queda gravemente afectado aquel principio cuando el ejecutivo y el legislativo se inhiben en el cumplimiento de su función.
No son los jueces quienes tienen que decidir qué medidas son necesarias para combatir la pandemia, sino el Gobierno. En eso consiste gobernar. Si para que esas medidas sean efectivas es necesario acometer cambios legales, el Gobierno debe promover esos cambios y las Cortes generales aprobarlos. Esa es su función.
Gobierno y Parlamento han incumplido sus deberes constitucionales. Ya se sabía que, fuera del estado de alarma, el marco legal vigente ofrece una base muy dudosa para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales, pues este problema lo vivimos ya en verano del año pasado. Clarificar el marco legal habría evitado la inseguridad jurídica en la que estamos sumidos hoy. El Gobierno no ha querido proponer las reformas necesarias y el Parlamento no ha sido capaz de actuar por propia iniciativa. En la práctica, han renunciado a gobernar y a legislar, por oportunismo político o ineptitud.
El Gobierno ha tratado de solucionar el problema atribuyendo a los tribunales la función de avalar las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas, pero sin reformar la base legal que sustenta esas decisiones sigue siendo muy débil. Esa debilidad no la puede salvar un tribunal de justicia porque los jueces no deciden a su voluntad, sino de acuerdo con las leyes vigentes. Si la ley es incierta, la decisión se complica y se abre la puerta a la disparidad entre unos tribunales y otros.
El Gobierno central ha involucrado a los jueces en la eficacia de la lucha contra la pandemia. Pero las decisiones deben tomarlas los gobiernos. Y los jueces deben comprobar que tales decisiones se ajustan a la legalidad cuando algún afectado por ellas lo cuestione. Esto es esencial, porque los jueces no deciden en función de la necesidad de las medidas propuestas, sino de su legalidad.
Se mire por donde se mire, la inhibición del Ejecutivo y del legislativo es un acto de suma irresponsabilidad. Escurrir el bulto es una pésima idea para el país.