Declarado en medio de una gran escandalera por el abuso de poder que suponía su excesiva duración, hoy finaliza el estado de alarma vigente desde principios de noviembre. Y lo hace sin que el Gobierno haya explicado aun dos cuestiones esenciales: por qué ese estado, que consideraba hace medio año indispensable, le parece ahora innecesario pese a que el covid sigue ahí; y por qué el Ejecutivo se ha negado en redondo a hacer lo que le solicitaron tanto el Consejo de Estado como muchos gobiernos regionales: impulsar una reforma legislativa que permita limitar derechos y libertades en momentos de tanta gravedad como el de la pandemia que sufrimos.
El Gobierno podía, pues, haber modificado la muy general (cuatro artículos) Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, haber impulsado una ley exhaustiva de nueva planta o, tras no hacer durante casi un año ni una cosa ni la otra, pese a haberlo prometido, haber prorrogado el estado de alarma. Para todo ello habría contado con una amplia mayoría que le hubiera permitido eludir el habitual chantaje de sus socios de EH Bildu y ERC.
Pero en lugar de optar por lo que dictaba el sentido común, la acción del Gobierno (o, para ser más exactos, su inacción inexplicable) le llevó a adoptar, por ignotos motivos, a última hora, una medida que, siendo bondadosos, solo cabe calificar de peregrina: intentar evitar el caos que seguro iba a producirse -que ya se está produciendo- al dejar las medidas de las comunidades en manos de los tribunales superiores de justicia, cuyos criterios interpretativos podían ser -que de hecho son- muy diferentes, mediante la creación de un recurso especial que empoderaba al Tribunal Supremo (el verbo es de Carmen Calvo, cuyo saber jurídico anonada) para corregir las resoluciones de los tribunales superiores cuando rechazaran las medidas propuestas por las comunidades.
Tal decisión, a la que el Gobierno fía la eficacia de las medidas limitadoras de derechos, presenta, sin embargo tres obvios inconvenientes: primero, que la finalidad de los tribunales, tal y como el Supremo de inmediato señaló, no es gobernar sino juzgar, es decir, aplicar las leyes y no suplir la incuria de quienes prefieren no legislar; segundo que el plazo dado al Supremo para resolver -cinco días- es insuficiente a todas luces, por lo cual el ministro de Justicia ya ha ofrecido apoyo al alto tribunal, lo que prueba la total improvisación del Ejecutivo; y por último, aunque no en último lugar, que el Supremo podría vetar las medidas regionales resolviendo en sentido contrario al que, no se sabe por qué motivo, el Gobierno ha dado por supuesto.
Una vez más queda así claro que la historia de la pandemia más grave de los últimos cien años está siendo en España, también, aunque no solo, la de un Gobierno que trata de eludir unas responsabilidades que endosa a los demás poderes e instituciones del Estado. Porque en materia de covid Sánchez y sus ministros no se han dedicado a la gestión sino a la propaganda.