Con esa insufrible superioridad moral que más que nada define hoy en España a los partidos autocalificados de izquierdas (desde el PSOE hasta EH Bildu, pasando por Podemos, ERC o el BNG), la exigencia de un cordón sanitario para excluir a Vox de nuestra vida política -y por tanto, si hubiera lugar, de los pactos electorales madrileños- se ha convertido en el tema estrella del debate nacional.
Permítanme por eso que reflexione brevemente sobre esos cordones sanitarios, sin duda admisibles en política, e incluso indispensables, siempre que se cumpla al menos una doble condición.
En primer lugar, que sean partidistamente equilibrados, de forma que, si excluyen a fuerzas peligrosas para la democracia, se practiquen por igual hacia la izquierda y la derecha. No tengo dudas de que las posiciones de Vox, como las de Podemos, caben dentro de los amplios límites del pluralismo democrático, como no las tengo de que si hay motivos para no pactar con Vox los hay equivalentes para no hacerlo con Podemos: uno defiende una dictadura que acabó hace casi medio siglo (la franquista) y el otro dictaduras que ahí están vivitas y coleando (la venezolana o la cubana); uno sostiene posiciones xenófobas y el otro también, aliándose con quienes practican el odio a los catalanes y a los vascos no nacionalistas; uno manipula nuestra historia al servicio de sus tesis no más que lo hace el otro; uno quiere derogar las autonomías y el otro romper la unidad del Estado y acabar con su Constitución. Hay, sin embargo, entre ambos una diferencia importantísima: mientras Vox condena la violencia política, Podemos blanquea sistemáticamente a los herederos del terrorismo etarra y ánima la violencia callejera, como una forma de lucha contra el capitalismo, la oligarquía o lo que sea.
Pero, para resultar aceptables, los cordones sanitarios tampoco pueden ser una cínica disculpa para jugar al ventajismo político más desvergonzado. Que el partido que gobierna con Podemos y se sostiene en EH Bildu (herederos y defensores de la terrible historia etarra) y ERC (impulsor de un acto de secesión que llevó a sus dirigentes a la cárcel y que está dispuesto a repetirlo) exija al PP no pactar con Vox no es una señal de coherencia democrática, sino solo un modo de hacer trampa. Nadie lo ha dicho mejor que Fernando Ónega en estas páginas: «Cuando le exigen a Díaz Ayuso que no gobierne con Vox, no lo hacen porque Vox sea fascista, sino porque quieren regalado el Gobierno regional de Madrid».
Y es que, con este formato de partidos atomizado, que el PSOE pueda pactar sin límite alguno (incluso con ex terroristas y delincuentes que cierran sus pactos de gobierno en una cárcel) y el PP no pueda hacerlo con nadie es confundir un cordón sanitario con un apetitoso cordon bleu en el que el PSOE todo se lo guisa y se lo come, porque se cree moralmente superior a un PP que debe hacer penitencia y expiar los pecados que solo la propia izquierda puede perdonarle, mientras los va redefiniendo a pura conveniencia.