El debate por el cobro por el uso de la red de autopistas y autovías para financiar su conservación se ha reabierto con el envío a Bruselas de una propuesta en este sentido incluida en el plan de recuperación que nuestro Gobierno ha remitido a Bruselas, y que servirá de guía para articular el uso de los fondos Next Generation. Esta medida, muy extendida en Europa, es una demanda de la Comisión Europea y ha estado sobre la mesa de diferentes Gobiernos de España, pero nunca ha llegado a ver la luz probablemente por su carácter impopular.
Los datos a este respecto resultan bastante ilustrativos: España es el tercer país del mundo con mayor número de kilómetros de autopistas y autovías; el déficit en la conservación de nuestra red de carreteras se acerca a los 8.000 millones y el gasto anual destinado a esta partida supone alrededor de 1.200 millones; y se prevé que, ante los próximos vencimientos de contratos de concesión de autopistas de peaje, nuestro país pase a concentrar en tres años cerca del 75 % de la red de carreteras de alta capacidad gratuitas de Europa, donde 23 países cobran por el uso en el 100 % de su red.
No cabe duda de que las imposiciones de nuevas cargas en momentos de crisis deben ser estudiadas escrupulosamente. Pero no podemos obviar que los datos macroeconómicos de nuestro país -especialmente los relativos a la deuda- resultan alarmantes, en un contexto, además, de elevadas necesidades de gasto social. Por ello, la posibilidad de que el Estado asuma el mantenimiento y modernización de las vías de alta capacidad parece, cuando menos, una tarea bastante ardua en el caso de que el modelo tienda hacia un planteamiento de gratuidad de uso, en cuyo caso esa financiación correría en su conjunto a cargo de todos los ciudadanos -tanto de los que las usan como de los que no- vía impuestos.
Los datos ponen de manifiesto que la relación directa entre uso y pago prevalece en muchos de los países de nuestro entorno, lo que permite a sus ciudadanos interiorizar costes y ser más exigentes con los servicios que reciben. Tampoco hay que olvidar que la tecnología abre escenarios que antes no imaginábamos, así como las exigencias medioambientales y de seguridad, campos a los que las infraestructuras del transporte por carretera deberían ser muy sensibles, si queremos continuar desarrollando este instrumento del que depende una importante parte de nuestro desarrollo económico. Pero, para ello, hacen falta recursos, de los que al Estado no le sobran, por lo que, en el actual contexto, el uso de fuentes de financiación para la inversión no presupuestaria podría resultar de utilidad.
Todo apunta a que, más tarde o más temprano, habrá que diseñar un marco que garantice la financiación, el funcionamiento eficiente y el mantenimiento de nuestra red de carreteras, si bien habrá que tener en cuenta las especificidades sectoriales y territoriales que se crean convenientes.