Aquella República, esta monarquía


Vivo aun el debate político sobre la Segunda República, tal que si no hubiera transcurrido ¡casi un siglo! desde su proclamación, es más que llamativo no solo la actual sustitución de su historia por el «invento de la memoria histórica» al que en un gran artículo se refería ayer Xosé Luis Barrreiro en este espacio, sino también el hecho de que los mismos que santifican la etapa republicana como un paraíso de libertad, igualdad y democracia, demonizan el vigente sistema constitucional como autoritario, profundamente desigualitario y escasamente democrático. Y así, quienes alzan la bandera tricolor de la Segunda República, cada vez que tienen ocasión repudian la de la monarquía parlamentaria, símbolo según ellos de algo despreciable.

Sucede sin embargo que nuestra monarquía parlamentaria, heredera de la República de 1931 -según es fácilmente comprobable comparando, primero, sus respectivas Constituciones y, luego, ambas con las demás de nuestra historia-, la ha superado muy de largo en cualquier esfera en que una y otra se comparen.

La Segunda República, el primer régimen democrático español por ser el único previo al actual en que estuvo vigente el sufragio universal, aunque más restringido por edad que el hoy vigente, culminó o intentó reformas políticas, sociales y económicas de importantísimo calado. Pero, junto a ello, sufrió desde su proclamación un duro acoso por la derecha y por la izquierda, que acabó imposibilitando ese consenso fundamental sin el cual los sistemas democráticos no pueden asentarse, funcionar adecuadamente y pervivir.

En contraste con la democracia de 1931, muy falta desde el principio de auténticos demócratas, la de 1978 se edificó sobre un amplísimo acuerdo político y social, lo que pronto se tradujo en la creación de un sistema político que, gracias a su gran estabilidad (esa de la que careció la Segunda República), pudo consolidarse e impulsar cambios sencillamente impresionantes. Fue así como, sin posible comparación con el pasado, incluido el de 1931 a 1936, el sistema político de 1978, construido sobre la reconciliación nacional, aseguró la paz civil indispensable para acometer las reformas que iban a cambiar la faz de España, algunas de ellas intentadas pero frustradas durante el período republicano: una democracia de alta calidad, incluida entre las mejoras del mundo de forma general; una mejora espectacular de nuestra economía, que, iniciada ya en la última etapa del franquismo, permitió la creación de una amplia clase media hasta entonces inexistente; una intensísima modernización del país, que se tradujo en una igualación social sin precedentes; y un proceso descentralizador que, al contrario de lo que predica la ignorancia, favoreció una igualación territorial que jamás había antes existido.

A pesar de todo ello, y a despecho de verdades como casas, la extrema izquierda española y alguna no tan extrema siguen enganchados en un mito que no es tan dañino por lo que glorifica como por lo que le induce, sin razón alguna, a denigrar.

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