Algunos expertos apoyan que los países en desarrollo pidan una licencia para que empresas locales puedan fabricar la vacuna, pero otros dicen que no se puede cuestionar el sistema de propiedad industrial
La lentitud en la vacunación contra el covid-19 ha hecho que aumenten las peticiones para que los laboratorios liberen las patentes y las dosis puedan ser fabricadas por otras compañías farmacéuticas en cualquier país. Especialistas médicos consideran que es una alternativa para los países en desarrollo, pero para ello deberían aportar una compensación económica. Sin embargo, para otros expertos el problema es la gestión, no la escasez de vacunas, con lo que no tiene sentido cuestionar el sistema de propiedad industrial.
A favor
Un problema global: no hay que olvidar a los países pobres
La covid-19 es un problema global. Primero, porque el virus no entiende de fronteras y, segundo, porque cuanto más y mejor circule el virus, mayor es la probabilidad de aparición de nuevas variantes. Aquellas que puedan evadir la respuesta inmune son las que más preocupan. Por ello hay prisa en lograr un razonable porcentaje de ciudadanos vacunados. Por eso y para reducir la incidencia. Pero es que lo uno lleva a lo otro: La reducción de la incidencia implica menor circulación del virus, lo que reduce la aparición de variantes y, por lo tanto, aumenta la eficacia de las vacunas; si a este círculo virtuoso le damos la vuelta, las consecuencias pueden ser impredecibles.
El poderío económico y cierta soberbia -e ignorancia- nos hace pensar que con inmunizar a nuestra población ya está solucionado el problema. «¿Por qué no?, ¡ya estaremos protegidos!». Pues porque mientras haya terceros países con un bajo nivel de vacunación, se seguirán generando nuevas variantes, con la incertidumbre de si variantes de riesgo pueden provocar la enésima ola global y saltarse -desconocemos en qué medida- la protección lograda con tanto esfuerzo en los países ricos.
Por ello, la vacunación debe abordarse de modo global. Bien está que los países ricos nos demos el lujo de vacunar a toda nuestra población, pero debemos poner sobre la mesa toda medida que permita a los países menos favorecidos lograr también ese objetivo. Hay dos posibilidades, pero ambas afectan a la economía. Los países ricos podrían aportar fondos para que los países en desarrollo compren -quizás a precios menos rentables para las farmacéuticas (que en muchos casos han dispuesto de financiación pública para llevar a cabo la investigación)- las dosis de vacuna que necesitan para proteger a su población; pero esto implica un gasto económico para unos países (y, con seguridad, habrá protestas) y una perdida de beneficios de grandes empresas (y no estarán de acuerdo). La otra opción, liberar las patentes para que las vacunas se puedan fabricar de modo local, a muy bajo coste, tampoco es sencilla: para liberarlas tienen que ponerse de acuerdo los países de la Organización Mundial del Comercio, y no se logra el acuerdo gracias a los países europeos, Norteamérica y Australia, entre otros. La alternativa es que los países en desarrollo pidan una licencia para que empresas locales puedan fabricar la vacuna; pero para ello deben aportar una compensación económica, con lo cual cerramos el ciclo con la necesidad de aportar fondos desde los países más favorecidos.
Y mientras tanto, el problema lo mantenemos a nivel global.
En contra
No a la nacionalización de la producción de vacunas
En los últimos días, un buen número de economistas, políticos y opinadores está proponiendo la nacionalización de la fabricación de vacunas y la liberación de las patentes como mecanismo para acelerar la vacunación en el mundo occidental. A simple vista parecería algo necesario, incluso moralmente aceptable para un porcentaje no pequeño de la ciudadanía. Sin embargo, en realidad no pasa de ser una propuesta que no puede tener cabida en una sociedad libre y abierta que respeta los más elementales derechos civiles, aparte de no tener ningún efecto positivo real en términos de aceleración del ritmo de vacunación y obtener de manera más rápida la inmunidad general.
Pedir la apertura de las patentes o la nacionalización de los laboratorios, concretamente en el caso de la Unión Europea, es acudir a un recurso fácil y populista que no lleva a ninguna parte. Es necesario ir a la raíz del problema, que en la UE es doble: por un lado, la falta de suficientes capacidades propias de innovación y producción en toda la cadena de valor biomédica y sanitaria en comparación con otras economías desarrolladas, y, por otro lado, una estrategia equivocada de compra y negociación de las vacunas por parte de la Comisión Europea, donde, más que ser un socio para el desarrollo de las vacunas, se ha comportado como un gran demandante sin estrategia competitiva en un marco oligopolio-oligopsonio de laboratorios y países.
En un juego como este, a pesar de haber tenido una pronta iniciativa, la UE se quedó enseguida atrás conforme Gobiernos como el de Trump, Trudeau o Johnson (entre otros) rápidamente hicieron crecer exponencialmente el presupuesto destinado a la compra y distribución de las vacunas. Es evidente, por tanto, que el problema es la gestión que se ha hecho, no la escasez de vacunas, con lo cual no tiene ningún sentido cuestionar el sistema de propiedad industrial que ha permitido que en un tiempo récord se produzca de manera masiva y en todo el mundo la vacuna contra el coronavirus. La industria farmacéutica, con el apoyo de los Gobiernos antes mencionados, ha puesto todas sus capacidades al servicio del objetivo común que era encontrar la vacuna, hasta que se ha logrado. Sabemos perfectamente dónde está el problema: no nos esforcemos en crear más problemas donde no los hay.
En suma, es evidente el fracaso de la estrategia de la Comisión, pero más allá de esto hay graves problemas de fondo en el marco regulatorio de la UE. Es difícilmente explicable que compañías de origen europeo en el sector químico y farmacéutico hayan tenido que deslocalizar su investigación y producción para, a lo largo de los años, avanzar en los diferentes fármacos clave para el combate de las diferentes enfermedades que se extienden fuera del territorio europeo.
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