Hoy comienza en el Parlamento catalán el debate de investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, que tratará de obtener el voto favorable de la CUP y de Junts per Catalunya.
Es esa una confluencia destructiva para el futuro de las relaciones entre Cataluña y el Estado-nación del que aquella forma parte desde hace muchos siglos y para la propia estabilidad política de España: un partido republicano e independentista, que nada tiene que ver con la fuerza pragmática y moderada que Sánchez pretendió vendernos como futuro aliado de quien iba a ser el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; una fuerza antisistema, que ha apoyado las últimas acciones de terrorismo urbano que tuvieron lugar en Cataluña; y un partido secesionista, que está empeñado en forzar por todos los medios a su alcance una declaración unilateral de la independencia.
Sea investido hoy Aragonès -lo que parece poco probable-, lo consiga el próximo martes en segunda votación, o en el plazo de dos meses que se abrirá a partir de entonces, lo cierto es que, pese a las malas relaciones entre los futuros miembros de esa sociedad separatista -hace dos días Junts proclamaba que los perros son más fieles que ERC-, el futuro está ya escrito: habrá gobierno secesionista, pues, al margen de sus diferencias, lo que une a los tres socios es lo que constituye su objetivo político esencial: la independencia. La CUP y ERC lo dejaban bien claro al comprometerse a «preparar las condiciones necesarias a lo largo de la legislatura para realizar un nuevo embate democrático, preferentemente en forma de referendo», acuerdo que podría servir también a JxCat, al no cerrar la puerta a una eventual declaración unilateral de independencia.
Parece evidente que los separatistas no han aprendido la dura lección de la que todavía dan testimonio sus dirigentes encarcelados por la comisión de gravísimos delitos, y siguen creyendo -pese a la firme, por más que tardía, reacción del Estado de derecho- que pueden torcerle al brazo a quien ya los derrotó de forma estrepitosa, con la ley democrática en la mano, el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo español y el reconocimiento unánime de la comunidad internacional de Estados democráticos. Allá ellos: no podrán alegar si vuelven a intentar declarar la independencia que no sabían cuál sería el resultado de aventura tan disparatada.
Nuestro Estado democrático de derecho, que sí sabe ya que se enfrenta a un adversario que, contra lo que muchos pensaban de buena fe, o defendían de mala fe, y algunos nos cansamos de advertir, está dispuesto a llegar hasta allí hasta donde se lo permitan las instituciones que tienen la obligación de impedir que la Constitución y las leyes sean burladas, deberá ahora reaccionar de inmediato, en cuanto la violación de aquellas se produzca. Porque, y esa es la otra lección del delirante procés iniciado en Cataluña, parafraseando a Maquiavelo, quien permite el desorden para evitar la subversión, tiene primero desorden y luego subversión.