Más que una solución, generará más problemas
OPINIÓN
Nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Solo en casos excepcionales de utilidad pública o interés social se podrá privar al ciudadano de este derecho, que recibirá una indemnización por ello. En el Parlamento balear se ha aprobado una ley que permite la expropiación de viviendas vacías a grandes tenedores. Lo que está previsto es una intervención temporal, durante siete años, por la que los propietarios recibirán por adelantado una indemnización. Por supuesto, esa compensación no alcanzará el precio medio del mercado de alquiler en las islas, sino que se estima una rebaja del 40 %. Es decir, los contribuyentes pagarán a los grandes tenedores un 60 % de los precios actuales medios durante siete años.
Así, esos propietarios tendrán garantizados unos ingresos que en los tiempos que se avecinan seguramente no lograrían, pues ¿se mantendrán los precios medios de alquiler de las viviendas en los próximos años? ¿Acaso tenían garantizado el alquiler durante siete años o la venta de esos inmuebles?
Teniendo en cuenta que el rastro del covid-19, en su versión económica, se aventura extenso y grave, con la consiguiente caída del empleo y de los ingresos, habrá hogares que tendrán dificultades para pagar sus deudas hipotecarias, y otros que no se aventurarán a la compra de vivienda. Por lo tanto, se espera que la oferta del alquiler aumentará, por lo que, según la consabida ley de oferta y demanda, los precios medios deberían caer, aunque, el caso balear, puede ser diferente si el turismo no hotelero se recupera a corto plazo.
La decisión tomada por el Gobierno balear asegura así unos ingresos a los grandes tenedores de viviendas que más quisiera para sí algún propietario de una o dos viviendas vacías que no es capaz de alquilar. Ante el problema de la escasez de casas sociales, en lugar de expropiaciones deben implementarse medidas para su puesta en alquiler o venta, que sean más ventajosas en caso de ofertarlas a precios más ajustados o como vivienda social.
En este sentido, ya en abril del año pasado, ante las perspectivas de la pandemia y las necesidades de vivienda consiguientes, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) se propuso incrementar el número de viviendas a disposición de las administraciones españolas, y el mes pasado contabilizaba un parque de 15.000 inmuebles, de los que 5.000 se suman en el corto plazo a las más de 4.000 que ya gestionan las administraciones.
Las expropiaciones que previsiblemente se van ejecutar sobre las viviendas propiedad de grandes tenedores no parecen la solución al problema, sino más bien un problema más en sí mismo, con consecuencias sobre futuras decisiones que tendremos que ir analizando muy de cerca.