El terror callejero independentista (kale borroka), que asoló durante décadas el País Vasco y reaparece aun allí con brotes esporádicos, se ha traslado desde hace tiempo a Cataluña y sobre todo a Barcelona (carrer borroka), cuyas plazas y avenidas pueden convertirse en un auténtico campo de batalla con disculpas muy distintas, que van desde un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona hasta la sentencia judicial que condenó a los líderes de la sublevación secesionista, pasando por la detención de un rapero que, además de enaltecer el terrorismo, es un pendenciero y un matón.

La composición interna de esos grupúsculos vandálicos, cuya última fechoría fue el intento de matar el sábado pasado a un guardia urbano -quien logró salir con dificultad del furgón al que los bárbaros habían prendido fuego previamente- no es homogénea (a los radicales de extrema izquierda se unen saqueadores y gamberros), aunque todos tienen en común su extrema violencia y el odio a las fuerzas policiales que tratan de evitar que logren arrasar todo lo que encuentran por delante.

Pero la heterogeneidad de la carrer borroka no puede oscurecer el hecho de que quienes agitan las calles son militantes independentistas radicales, comandados por las juventudes de la CUP -¡partido que podría entrar en el futuro Ejecutivo catalán!-, los CDR (Comités de Defensa de la República), Endavant (Organització Socialista d'Alliberament Nacional) y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), grupos todos inequívocamente secesionistas que defienden la amnistía, la disolución de los antidisturbios y la autodeterminación. Su hashtag en la red no deja, por lo demás, lugar a dudas: «#Fins que Caiguin», es decir, «#Hasta que caigan».

Es precisamente esa composición política la que permite entender lo que de otro modo resultaría inexplicable: el increíble apoyo inicial de la Generalitat, ¡incluido el Conseller de Interior!, a la barbarie de los violentos (que no son al fin y al cabo más que una hechura de sus mayores) y la insoportable levedad de las desautorizaciones posteriores, siempre atenuadas por las críticas a los supuestos excesos de las fuerzas de seguridad y por la cínica propuesta de revistar el modelo policial.

Y es también esa composición política la que explica la escasa eficacia de los mossos y la policía local en la lucha contra la carrer borroka. El lunes explicaba en TVG Nacho Alvárez, portavoz del Sindicato de Mossos d'Esquadra, que la extrema dificultad con que se encuentran las fuerzas policiales en Barcelona para frenar a los violentos es política: las órdenes que reciben de no intervenir hasta que las barricadas de fuego y los destrozos se han adueñado de las calles. Cualquiera que haya visto en televisión imágenes de los disturbios puede comprobar cómo ese es, en efecto, el modus operandi de unos líderes y gobernantes que, para decir toda la verdad, sienten más simpatías políticas por los vándalos que por quienes afrontan la dura labor de hacerles frente.

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«Carrer borroka»