Un informe que retrata al Gobierno


Más que un informe jurídico, lo que ha hecho el Consejo de Estado con su dictamen acerca del decreto ley elaborado por el Gobierno para regular la gestión y la ejecución de los fondos europeos es un descarnado y vívido retrato de la forma de actuar del Ejecutivo de coalición. Un auténtico fresco al natural que va más allá de lo que afecta a la chapuza jurídica sometida a su criterio y constituye un memorial sobre los vicios y excesos de un Gobierno que ha perdido ya cualquier atisbo de decoro a la hora de eludir el control parlamentario y respetar los más elementales principios democráticos y constitucionales. Habla el Consejo de Estado sin ambages de su «preocupación» por «la manifiesta insuficiencia de la memoria remitida», y constata que lo que pretende el Gobierno es la «eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones».

Si se tiene en cuenta que hablamos de 140.000 millones de euros, una cifra tan enorme que equivale al 11 % del PIB español, y que el Gobierno pretende manejarlos sin ningún tipo de control, se entenderá la gravedad de la situación. El hecho de que el Ejecutivo no estuviera obligado a recabar ese informe del Consejo de Estado, al tratarse de un decreto, y de que a pesar de ello lo solicitara, da una idea de hasta qué punto este Gobierno está convencido de que todos los órganos y poderes del Estado deben estar sometidos a su antojo. Desde la Fiscalía, que ya nos explicó Pedro Sánchez de quién depende, pasando por la Abogacía del Estado, convertida en pasante de los intereses del Ejecutivo y sus socios independentistas, hasta llegar al Consejo General del Poder Judicial, al que se amenaza con convertir en mero apéndice de la mayoría de investidura si la oposición no se aviene a nombrar vocales a los magistrados que le pete a Unidas Podemos (35 escaños).

El Gobierno ha pretendido ocultar un informe que habla de la «ausencia» de «toda exposición motivada y suficiente» de las razones en las que se justifica «la supresión de los mecanismos de control», y que le insta a «implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos». Entre quienes firman por unanimidad ese texto demoledor se encuentran personas tan sospechosas de actuar por motivos políticos como la exvicepresidenta del Gobierno socialista María Teresa Fernández de la Vega; el exministro del PSOE Fernando Ledesma o el expresidente del Tribunal Constitucional Miguel Rodríguez-Piñero. En una coyuntura dramática para España en lo económico y lo sanitario, la correcta y justa gestión de esos fondos europeos marcará el futuro del país durante décadas. El Gobierno no solo debe rectificar y arbitrar mecanismos de control sobre la asignación de los recursos, sino también asumir responsabilidades por ocultar el informe y explicar por qué quiere disponer sin fiscalización de 140.000 millones de euros que son de todos los españoles.

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