La estrategia de vacunación frente al covid-19 en España establece que, teniendo en cuenta la disponibilidad progresiva de dosis, es necesario realizar un ejercicio de priorización teniendo en cuenta principios éticos y criterios de riesgo. Afirmación que no tiene nada de objetable. Sucede que del dicho al hecho va un trecho. Y en el tema de las vacunas ese trecho llega en casos al abismo. Lo que sorprende, porque, dependiendo del territorio, los criterios, prioridades y aplicaciones de la vacuna no coinciden. Cierto que todo se resolvería si hubiese vacunas sin limitación de número y eficacia. Pero reconózcase que el esfuerzo y capacidad de los sistemas de investigación nos ha permitido disponer en menos de un año de vacunas para el covid-19. Dejando aparte errores en el suministro, la realidad es que formar parte de la UE nos ha permitido, y ha permitido a nuestros gobiernos (17+1) dedicarse a desarrollar análisis de la incidencia del covid-19 en su población e incluso diseñar y desarrollar la logística de vacunación. ¿Lo hicieron en tiempo y forma?
Uno no duda de las dudas, ni de las incertidumbres en ciencia, epidemiología y vacunología (no recogida en el Diccionario RAE); pero tampoco duda, por ejemplo, de las aportaciones científicas de la Sociedad de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene en su documento Consenso sobre la Priorización de Vacunación frente a SARS-CoV-2 en Adultos con Condiciones de Riesgo. Documento que, partiendo del riesgo alto o muy alto para las edades de 60 a 69 y 70 o más años, ha priorizado de forma comprensible el riesgo añadido de sufrir covid-19 analizando más de 30 posibilidades clínicas u otros factores según la evidencia científica actual. Documento que nadie asume como referencia para establecer las prioridades de gobiernos para la vacunación.
Y es aquí donde las diferencias entre comunidades convierten los protocolos y la logística de vacunación en fuente de desigualdad. Desigualdad derivada de una deficiente protocolización y de la falta de transparencia en los criterios de vacunación y asignación de vacunas. Es el caso del desvío de vacunas a colectivos, empresas o personas no prioritarios y el retraso para otros que sí lo eran. Por más que de todo ello se haya hablado poco y mal, por falta de transparencia. Para esa desigualdad en la vacunación no servirá de remedio la reciente aprobación por el Gobierno y el grupo popular de Galicia de una ley que obliga a la inmunización a quienes, según parece, están deseando vacunarse. Obligación de la que aún queda por ver su alcance jurídico y eficacia y que, con la salvaguarda de un «podría», quizá responda más a un sostenerla en aquella propuesta de cambio en la ley de salud pública estatal del 2011, realizada por el Gobierno gallego, como alternativa de gestión de la pandemia y finalmente no lograda.