En este país no se puede cantar victoria hasta que no quede ni rastro del enemigo. El jueves, la gran mayoría de los medios informativos cerraron sus ediciones celebrando la vuelta del diálogo y la política de pactos porque se había acordado el Consejo de Administración de RTVE y estaba encarrilado el del Consejo del Poder Judicial. Nos despertamos el viernes, ayer, con el aviso en el móvil de que este último pacto había embarrancado. El Gobierno, facción Podemos, seguía empeñado en colocar en el Consejo al juez De Prada, odiado en el PP, y trataba de colarlo por la puerta falsa del turno de juristas de reconocido prestigio, lo cual le parecía al partido conservador un auténtico fraude de ley.
Toda la euforia negociadora, al garete. La música de fondo la ponía, una vez más, el vicepresidente segundo del Gobierno, después de haber dicho en el Congreso que los grandes asuntos de la gobernación no se negociaban con la derecha, sino con los partidos que forman la mayoría de la legislatura. Todo eso dijo el señor Iglesias, mientras su jefe, el señor Sánchez, hacía arrumacos con el señor Casado. Mensaje para los próximos tiempos: si hay alguna negociación con el principal partido de la oposición será porque la ley exige una mayoría cualificada. De Vox, ni hablamos. Y de Ciudadanos, lo justo. Así pues, rodillo con Bildu, Esquerra y demás compañeros nacionalistas y separatistas que se quieran sumar. Y, naturalmente, impondrán sus condiciones y precios.
A todo esto, Pedro Sánchez le pidió al Partido Popular que recapacite y desbloquee las negociaciones y creo que Pablo Casado no lo hará. Si entiende que en el caso del magistrado José Ricardo de Prada hay fraude de ley, no le puede abrir las puertas de la institución. Es más: tiene derecho a sentirse engañado, porque el PP fue llevado a las conversaciones por una promesa de que este juez y su compañera Victoria Rosell no formarían parte del Consejo. Si se cambian los acuerdos sobre la marcha, y además con truco, el Gobierno tiene poca autoridad para pedir lo que pide a Casado. Aquí hay demasiada imposición de Podemos, o demasiado miedo a que Podemos ponga en marcha ese reloj anunciado por Iglesias de abandonar la coalición.
Añado: si el presidente del Gobierno considera tan importante el Consejo del Poder Judicial como dijo ayer, bien podría hacer caso de sus dictámenes, concretamente el aprobado por unanimidad sobre la Ley Orgánica de Seguridad de la Libertad Sexual. El rechazo displicente del señor Iglesias, que lo atribuye a cierto fondo machista, y de la señora Rosell, que cree anticuados los razonamientos del dictamen, desmienten esa importancia. Ante este barullo de tantas caras, yo solo sé exclamar: ¡Dios, qué difícil es pactar en este país entre partidos distantes! ¡Y qué imposible lo ponen los intereses, no siempre confesables, de esos partidos!