De juzgado de guardia. Pero no como frase hecha. Debían poder incoarse diligencias penales contra toda esta gente que se salta a la torera las más elementales normas encaminadas a luchar contra la pandemia. En el casino de Madrid se celebró una boda en la cual ni los novios ni los invitados llevaban puestas las preceptivas mascarillas. Pero como el hecho en sí no pasa de una sanción administrativa, poco importa a la gran mayoría de invitados al convite. Cien euros de multa para muchas familias es una fortuna, pero mucho me temo que para los asistentes a esta fiesta no es más que el chocolate del loro. Eso es lo que recoge el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio («nueva normalidad») en su artículo 31 cuando indica que el incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla será considerado una infracción leve y sancionado con multa de hasta cien euros. La pandemia se agrava y cierta parte de la población sigue desatendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias, tendremos que actuar de otra manera. Al que pasee sin mascarilla, asista a botellones u organice fiestas en sus casas nada de una multa. Eso no va a evitar que lo vuelva a hacer. Legíslese al respecto, y con carácter de urgencia, para que un centenar de euros no eviten que estos incívicos comparezcan ante un juez o pasen una noche en un calabozo. Si uno quiere contraer la enfermedad, allá él. Lo malo es que la cosa no es así de sencilla. Por dos motivos. Primero, porque si el inconsciente cae enfermo ocupará una cama que no podrá usar otro. Y segundo, porque acabará contagiando a quien lleva casi un año cuidándose y no podrá ser ingresado por culpa del cantamañanas de turno.