Es acongojante. Se sabe poquísimo del destino final de los 140.000 millones de los Fondos Europeos. De hecho, se sabe que se destinarán a esas grandes líneas que siempre expone el Gobierno sin mayor concreción: transformación digital, transición ecológica y algunas generalidades más. Sin embargo, todo el debate político que tan gigantesca cantidad está suscitando se centra en saber quién la gestionará. Es decir, que el decreto que ayer se convalidó en el Congreso no suscitó un debate riguroso sobre fines, ni una discusión sobre utilidad a la sociedad, sino una descarada batalla de poder. Y claro: tratándose de una batalla de poder no hubo forma de lograr un acuerdo que se pareciese algo a un pacto de Estado.
De esta forma, el Gobierno de coalición estuvo a punto de perder una de las votaciones más trascendentales de la legislatura en medio de acusaciones carentes de todo rigor. Por ejemplo, que el reparto de los fondos está pensado para las grandes empresas, que los criterios son centralizadores, que se entrega todo el dinero al Ibex o que estamos ante una actitud totalitaria del Gobierno. Sobre los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Unidas Podemos comenzó el verse el fantasma del italiano Giuseppe Conte, cuyo Gobierno cayó por perder precisamente esta votación. Y el rechazo del Partido Popular recordó la dramática situación que creó este mismo partido al Gobierno Zapatero en el 2010, salvado in extremis por el sentido de la responsabilidad de Convergència i Unió, única formación que entendió que la alternativa era el caos o aceptar las medidas que imponían la Unión Europea y organizaciones supranacionales.
Los salvadores diez años y medio después fueron, increíblemente, los dos extremos del arco parlamentario: EH Bildu y Vox, testimonialmente acompañados por el BNG. El único partido que se mostró coherente en su apoyo al Gobierno ha sido el PNV. Esquerra, quizá condicionada por las elecciones catalanas y deseoso de librarse de cualquier contaminación de Madrid, rompió por primera vez el bloque de investidura y de legislatura, que ya se queda temblando ante el futuro. Se acaba de mostrar como un bloque quebradizo, que tendrá que pasar una difícil prueba en el reparto de poder de Cataluña.
El episodio, al margen del contenido de decreto convalidado, deja un par de conclusiones provisionales que el Gobierno debería anotar como guía de comportamiento. La primera es que no se puede despreciar ni ignorar a ningún grupo. Incluso Vox, el más vilipendiado por las dos formaciones gubernamentales, puede salvarlo en un terremoto. Y la segunda, que una mayoría parlamentaria es fácil de construir si se sabe aprovechar el momento. Pero no se conserva solo votando, sino dando participación en las decisiones de gobierno. En este caso no se dio, y ese gesto de prepotencia recibió un castigo de solemnidad.