En su toma de posesión, antes de ayer, Miquel Iceta, flamante ministro de Política Territorial, afirmó ser un «federalista convencido». Basta, sin embargo, seguir su trayectoria para constatar la confusión que padece el dirigente socialista catalán, quien, lejos de ser un federalista convencido, está en realidad convencido de ser un federalista, lo que resulta completamente diferente.
Tal confusión, que no solo afecta a Iceta sino a otros muchos políticos de izquierda y a no pocos de los profesores que los proveen de doctrina, procede de un erróneo entendimiento de la naturaleza y fin de los federalismos, que ni como teoría ni como práctica pretenden acabar con las naciones, sino unirlas en estados con posibilidades de futuro.
Es verdad que, junto a esos federalismos por asociación (coming together) como el norteamericano, existen otros por devolución (holding together), entre los que se sitúa el español. Un contraste decisivo que tiende a producir efectos relevantes en el funcionamiento del Estado, pues mientras en los primeros la preocupación dominante es la efectiva participación de los territorios en el gobierno nacional, en los segundos la tendencia es la contraria: impulsar sin tregua el autogobierno de las unidades que conforman el país.
Sin embargo, el PSC no solo vive obsesionado con aumentar el poder de Cataluña, sino que se ha empeñado en el delirio de competir con los nacionalistas, de los que con frecuencia es difícil distinguirlo, asumiendo sus posiciones en lugar de impugnarlas sin tapujos. Así sucedió con el referendo de autodeterminación, que el PSC llegó a incluir en su programa, y así acontece hoy con la petición de indulto para los presos del procés, de la que fue Iceta pionero. Esos presos, por cierto, que la Generalitat, burlándose del Tribunal Supremo, volvió ayer a poner en la calle en un intolerable desafío al Estado de derecho.
Si Iceta fuera un federalista de verdad no buscaría sin descanso la complicidad de los independentistas, sino que les replicaría, cada vez que defienden la secesión, que en Norteamérica su prohibición quedó ya establecida en 1869 por el Tribunal Supremo (en la sentencia del caso Texas v. White) y que en Alemania, el más importante estado federal del continente, el Tribunal Supremo Federal resolvió en el 2017, con concisión y claridad, que una consulta de autodeterminación es ilegal: «En la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional».
Pero para Iceta el federalismo es solo un trampantojo tras el que esconder sus posiciones, mucho más cercanas a las de los secesionistas que a las de los constitucionalistas, incluidos por supuesto los del PSOE. A ese nacionalista emboscado es a quien ha entregado el Ministerio de Política Territorial el presidente del Gobierno.