Hace poco, una encuesta de Metroscopia decía que el respaldo social a la monarquía era del 74 por ciento. Ayer, otro sondeo de Sigma 2 decía que el apoyo había subido diez puntos en seis meses y que mientras todos los miembros del Gobierno suspenden según tradicional costumbre, con la excepción de Margarita Robles, el rey Felipe VI aprueba con una calificación de 5,5. Un tercer barómetro, el del CIS, dice reiteradamente que la Monarquía solo es un problema pata el 0,3 por ciento de los españoles, mientras que la clase política lo es para más del 20 por ciento. Conclusiones: la monarquía, a pesar de todos los problemas y de todas las campañas, goza de una mala salud de hierro. De las formas de gobierno posible, es la más aceptada. Y Felipe VI está superando la crisis con éxito notable. Es la noticia más positiva en medio de todo el desgaste institucional. A la vista de estos datos sociológicos, y tal como está el país, se podría hacer un chascarrillo: la economía se hunde, el empleo se destruye, la clase política se desprestigia, y la solución que se le ocurre al Gobierno es cambiar la monarquía. Es un chascarrillo, pero no tan desencaminado: a veces es inevitable la impresión de que se dispara a la Corona según las dificultades que encuentra el Gobierno o esa parte del Gobierno llamada Unidas Podemos. Y más allá de este recurso, ¿es lo más urgente meter el bisturí en la jefatura del Estado y elevar a la categoría de prioridad política la redacción de una ley de la corona?
Cuando el presidente del Gobierno hizo su última rueda de prensa, lo parecía. Una semana después, dejó de serlo y el señor Sánchez decidió aparcarla y sustituirla con algunas actualizaciones, referidas especialmente a las cuestiones de transparencia, que Felipe VI ya inició nada más llegar al trono. ¿Y por qué el presidente cambió tan rápidamente de opinión? ¡Ay, amigos! Porque no lo había pensado bien. Quizá se requiera un estatuto de la jefatura del Estado, pero es muy difícil reformar la corona si no existe clima social que lo reclame. Es casi imposible intentarlo sin tocar la Constitución. Y es peligroso abrir un desordenado debate sobre la monarquía que solo reclama un partido de 35 diputados, que solo apoyaría un 20 por ciento del Congreso y que se ignora cuál es su finalidad.
Por ello, igual que cuando se plantea la reforma de la Constitución, hay que preguntarse: ¿reforma de la Corona para qué? ¿Para maniatar al rey? ¡Pero si no se le puede limitar más en sus funciones! ¿Para quitarle la inviolabilidad? Eso requiere revisión constitucional. ¿Para aumentar la transparencia de la Casa Real? A eso nadie se puede oponer, pero con una condición: que los demás poderes públicos den ejemplo de transparencia, algo que hasta ahora no hemos visto. En todo caso, hágase lo que haya que hacer, pero por orden y claridad en la intención.