Sin que sirva de precedente, por esta vez entro en la desquiciante discusión contable, cuya utilidad se me escapa, sobre el número de víctimas causadas por el covid en este año que termina. ¿Murieron 50.000 personas, como indica el ministro Illa tras sumar los datos proporcionados por las comunidades autónomas, o murieron 70.703, exceso de mortalidad estimada por el Instituto de Salud Carlos III?
Respuesta a bote pronto: el número exacto no lo sabremos jamás. El que más sabe en España del asunto, el señor Indef (Índice Nacional de Defunciones), ni siquiera conoce a estas alturas la cifra de muertes acaecidas por cualquier causa, enfermedad o accidente. El pasado 17 de diciembre, el Indef cuantificó en 366.163 los fallecimientos en lo que iba de año. El mismo día cifró en 418.556 las muertes habidas en el 2019. Los negacionistas mostraron su júbilo en las redes: ya lo ven, no existe pandemia, murió más gente el año pasado que este. Un bulo que obvia que las cifras se actualizan a medida que los registros civiles, no todos informatizados, vuelcan sus datos. Por eso, a la pregunta de cuántos muertos hubo en el 2019, el señor Indef contesta cada mes de forma distinta: en enero dijo 343.129, en abril 411.600, en octubre 416.602 y en diciembre 418.556. La próxima vez que nos visite llegaremos probablemente a los 420.000.
Si no podemos saber el número total de defunciones, mucho menos podemos precisar sus causas. Hay que dar paso a la estadística para establecer estimaciones razonables. Y estas nos dicen que el número de vidas que se cobró el covid se sitúa entre el mínimo de 50.000 y el máximo de 70.000. Entre el número de personas fallecidas a las que se diagnosticó la enfermedad, siguiendo los criterios de la OMS, y la sobremortalidad estimada -diferencia entre muertes observadas y muertes esperadas-, no toda ella causada directamente por el virus.
Determinar la magnitud de la tragedia es tarea más propia de estadísticos que de estadistas. Salvo en España, donde siempre aparecen los políticos, sabios en todo y expertos en nada, para liarnos. Un país que no sabe contar a sus muertos, dicen algunos, es un país bananero. ¿Y cómo calificar a un país cuyos representantes, en vez de debatir las fórmulas para superar la catástrofe, discuten sobre la fiabilidad de los peritos -todos oficiales, por cierto: el Sergas, el INE, el Carlos III...- que tratan de evaluar los destrozos? ¿Acaso se duda de que existe hemorragia de empleo, por más que las cifras de paro registrado difieran de las que arroja la EPA?
Las estadísticas, cualquiera de ellas, son atroces. Pero no resulta de recibo que los políticos las utilicen como los borrachos las farolas: no para iluminarse sino para apoyarse en ellas. Y con tal objetivo, en el campo devastado por la pandemia, el Gobierno espiga el dato menos espantoso y la oposición esgrime la cifra más funesta. Juego macabro que supone, implícitamente, reconocer la tesis de Vox: los muertos son de la Moncloa. Y, en consecuencia, cuantos más haya, más dura será la condena que dicte el tribunal popular.