A la espera de lo que pudiera depararnos una tercera ola de la pandemia, la catástrofe sanitaria y económica producida por el coronavirus es ya sencillamente espeluznante: un millón ochocientos mil infectados, entre setenta y setenta y cinco mil fallecidos, según diversas fuente oficiales (cuarenta y nueve mil para el Ministerio de Sanidad) y una caía del PIB del 11,6 % en el año 2020, según la OCDE, que traduce la pérdida de cientos de miles de empleos, el cierre de docenas de miles de empresas y el desastre económico y social provocado por las medidas de contención del covid adoptadas desde marzo.
Hace dos días, el Tribunal Supremo decidió no admitir a trámite las querellas presentadas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, al entender que no estaba debidamente justificada la autoría de los hechos denunciados, pero acordó también remitirlas a los juzgados ordinarios para que sea allí donde se investiguen las eventuales responsabilidades penales del Ejecutivo en relación con la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías, la contratación de material fallido y las muertes en residencias de ancianos.
Sea cual sea la decisión que pudiera tomar la justicia penal o las posibles indemnizaciones a favor de los particulares a consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos, resultaría en todo caso inconcebible que la respuesta de las Cortes y el Gobierno a la devastación provocada por el covid consistiera en echar tierra encima de los errores, negligencias y responsabilidades que con sus decisiones pudieran haber contraído los poderes públicos, empezando por el propio Ejecutivo.
Lo diré más claro aún: al margen de la actuación judicial, es indispensable analizar si ha sido o no adecuada la acción del Gobierno y de los ejecutivos autonómicos y locales, si la política sanitaria y económica que han implementado se ha ajustado a la gravedad de las circunstancias, si ha funcionado correctamente la coordinación política y administrativa, si se han dado a los servidores públicos y, de forma destacada, al personal sanitario, los medios necesarios para cumplir con la importantísima misión que tienen asignada, si la vigilancia sobre las residencias de ancianos ha sido la correcta y, en suma, si, al margen de las penales, hay responsabilidades que denunciar y errores que corregir en la gestión de la pandemia.
Una tarea imprescindible, que solo puede llevar a cabo una comisión mixta de políticos y expertos que elabore un Libro Blanco y cumpla al menos una doble condición: que sus conclusiones no dependan de la correlación de fuerzas parlamentaria, pues, de ese modo, aquellas, como es obvio, estarán escritas de antemano; y que los expertos se seleccionen por su preparación y no por cuotas partidistas. Solo así podremos saber de verdad lo ocurrido desde marzo y adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda repetirse. Es lo menos que se les debe a las miles de familias cuyas vidas se han visto destrozadas por el covid.