Soy profesor universitario. De cuerpo presente y ausente. Porque trabajo (sin trabajar en sí) en una universidad que es semipresencial lo que quiere decir que puedo estar en un aula dando clases frente a alumnos físicos (y, a la vez, frente a alumnos remotos conectados desde sus casas) y también puedo conectar con mis alumnos principalmente a través de foros y mensajería desde mi domicilio.
Durante el confinamiento de marzo reorienté la actividad hacia la docencia a distancia: por necesidad, mis clases se convirtieron en webconferencias; atendí muchas dudas planteadas por mis alumnos, recibí una importante cantidad de emails de la universidad y los centros en los que trabajo, abrí enlaces, consulté documentos adjuntos y califiqué un buen número de trabajos prácticos que incidían en la calificación final de los alumnos. Todo ello desde casa y con mis medios puestos al servicio de mi universidad.
Hablo por mí. Pero esto lo hicimos más de 5.000 profesores-tutores de la UNED entre los que me encuentro.
La UNED sabe que, gracias a que hemos puesto nuestros medios personales a su servicio, ha podido mantener su perfil docente. Lo que es mucho para una universidad que se dice «a distancia» y que ha estado jugándose una parte de su crédito durante el confinamiento.
Pero en el argumento principal de esta historia la cuestión de los consumibles es tan solo un microdato más cuya función retórica en este escrito no ha sido sino la de «mostrar la patita» de lo que se esconde detrás. No tengo contrato, no tengo nóminas, nadie cotiza por mí a la Seguridad Social, llevo 10 años como profesor-tutor de esta universidad (casi el doble si sumo mi actividad como tal en todos los centros en los que imparto docencia) y, como siga así la cosa, no veré el reconocimiento al derecho social a la jubilación.
Esto no afecta a todos los profesores-tutores de la UNED; hay un porcentaje considerable que son funcionarios a su vez y están protegidos de incompatibilidad por un Real Decreto de 1986, que está superado pero no derogado. El resto siguen sin ver reconocida su labor de profesor-tutor como laboral, generándose diversas situaciones de precariedad y vulnerabilidad.
Es posible que si las circunstancias invitaran «a quedarse» el porcentaje de personas con plena dedicación y no funcionarios sería otro. Pero es difícil quedarse tratando de echar raíces en terreno estéril. Y, por tanto, aquí es difícil habitar una biografía académica.
Por derecho, aunque tristemente, encuadramos bien en lo que el ministro Castells, ha dado en llamar «subproletariado intelectual» para referirse (explícitamente) al profesorado asociado, colectivo al que suele poner como ejemplo de precariedad universitaria: una «de las peores (precariedades) que hay en este país», como dijo ante la comisión del Congreso el 7 de mayo.
Nuestro caso tiene similitudes, pero grandes diferencias también porque nosotros carecemos de relación laboral alguna aunque seamos docentes con mayúsculas. Solo cabe esperar que el tren del nuevo estatuto del PDI, el tren de una «carrera académica pautada», pare a las puertas de la UNED para que se puedan subir los últimos de la universidad española: aquellos a los que se niega que lo que hacen sea un trabajo.
Espero, señora ministra de Trabajo, que siguiendo la coherencia de su empeño por acabar con situaciones así abra las puertas al reconocimiento de nuestra actividad actualmente invisible a los ojos de su ministerio.