Volver a empezar: test para todos

Gaspar Llamazares
Gaspar Llamazares FIRMA INVITADA

OPINIÓN

María Pedreda

26 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Vuelve, como en la primera ola, el grito de test para todos, y con ello el populismo pandémico ataca de nuevo. En esta ocasión, con el test de antígenos, que además es más rápido y barato que la ya famosa PCR. Por fin, la pandemia se integra en la lógica del individualismo y de la sociedad líquida de consumo: hágase el test cuando usted lo necesite, sea para facilitar su vida familiar, social o laboral, y hágaselo en cualquier lugar: en su farmacia habitual e incluso en la intimidad de su hogar. Y tenga la seguridad de que le protegerá. Sírvase usted mismo. Se lo merece.

Nada de disquisiciones científicas ni de burocracia sanitaria. Que si se trata de un método diagnóstico como parte de la historia clínica del centro de atención primaria o del hospital, que si la carga viral tiene una importancia trascendental para instaurar el tratamiento domiciliario, hospitalario o de cuidados intensivos. Que si forma parte de la estrategia de salud pública frente a la pandemia y de la necesidad de su integración en los registros y en la red de vigilancia para el seguimiento y control de la pandemia. Pamplinas.

Antes, en la primera ola, fue la exigencia de PCR para todos, precisamente cuando más escaseaban como consecuencia del incremento súbito de la transmisión comunitaria del covid-19 y, además, del colapso consiguiente de la cadena globalizada de suministros. Ahora, lo de la relocalización de industrias de equipos y tecnologías sanitarias básicos se ha ido olvidando, aunque debería seguir siendo una de las lecciones a recordar. Desde entonces, tal parece que los test ya no fuesen parte de la confirmación de un diagnóstico, sino que además fuesen terapéuticos, y más que curativos, milagrosos, algo así como la imposición de manos o el bálsamo de fierabrás, pero más accesibles (recuérdese que uno y otro eran selectivos). Pero para algunos también sigue siendo parte todavía de una solapada estrategia de rebaño, si bien selectiva, y de una alternativa individual a las medidas de control, distanciamiento y a los distintos grados de confinamiento poblacionales propios de la salud pública.

Luego, ya con la precipitada desescalada y la llamada «nueva normalidad», bajó la demanda de test a la carta por parte de los sectores anticonfinamiento y quedó reducido a lo que verdaderamente es: un procedimiento diagnóstico auxiliar en la estrategia epidemiológica y en el abordaje clínico de la infección del SARS-CoV-2. Se trata pues de confirmar casos y rastrear posibles contactos para su aislamiento posterior, y contener con ello los brotes y la transmisión comunitaria, con el fortalecimiento de la atención primaria y la salud pública, un asunto en que algunos en particular han vuelto a flaquear.

Ahora, con la llegada de la segunda ola de la pandemia y las medidas restrictivas de la movilidad y la actividad social, han llegado también los test de antígenos, convertidos en panacea de la mano de la Comunidad de Madrid, y no ha sido por casualidad. Lo encabeza el Gobierno de la comunidad más crítica frente a la prioridad de la salud pública y las restricciones a la movilidad, y más favorable por contra a anteponer a las mismas las medidas de apertura y recuperación económica. Y lo hace además con el aval de haber sufrido antes la segunda ola y haberla doblegado también antes con medidas clásicas de salud pública como los cierres perimetrales o el toque de queda. Pero también con la sustitución de las PCR por los test de antígenos, que ya constituyen los dos tercios del total, y, como consecuencia, con una rebaja inducida en la exigencia de búsqueda de los casos positivos.

No cabe duda entonces de la utilidad de los test de antígenos, pero para lo que no sirven es para agitar de nuevo el populismo pandémico, ni como un producto más de consumo en el mercado, ni siquiera en el marco de las oficinas de farmacia, desvinculadas de la red sanitaria pública, ni mucho menos para ser presentado de nuevo como alternativa individual a las estrategias de salud pública poblacional de contención, mitigación o confinamiento. Se trata, por el contrario, de un procedimiento diagnóstico más, complementario y no alternativo a la PCR, con sus propias indicaciones, precauciones y contraindicaciones. Que, más en concreto, está destinado a personas con síntomas o con contacto previo con un caso positivo. Así, mientras el test de la PCR detecta material genético, el test de antígenos lo que identifica son proteínas del virus. Por eso los tiempos para obtener resultados van de las tres o cuatro horas que necesita una PCR a los apenas veinte minutos de los test de antígenos.

Ha sido la propia OMS la que ha recomendado que los test de antígenos deben realizarse en los primeros días con síntomas y, en particular, con pacientes que tienen una carga viral alta. En concreto estaría indicado durante los cinco días siguientes al inicio de los síntomas o una semana después del contacto con un caso confirmado de covid-19. También la Unión Europea propone que la utilización de este tipo de test se realice solo en áreas localizadas que superen el 10 % de casos positivos, para contribuir con ello a la gestión de los brotes, así como a la vigilancia periódica de los grupos de alto riesgo como son el personal sanitario o el de cuidados de las residencias de ancianos.

Por el contrario, estos test no resultan adecuados para casos asintomáticos ni para detectar el virus en aquellos individuos que se encuentren en los primeros días de la infección o en los que hayan transcurrido más de cinco días desde el inicio de los síntomas. Se descarta por tanto su uso para personas asintomáticas sin vínculo epidemiológico con un caso positivo. También pierden todo su valor en cribados masivos, si estos se aplican en poblaciones en las que solo una minoría tiene el virus. En España, con una incidencia media hoy por debajo de un 0,4 %, es un nivel totalmente insuficiente para utilizar estos test en cribados masivos para que sean fiables. A pesar de todo se han venido realizando en distintas localidades, quizá más por hacer publicidad que por su efectividad real.

Además, en su aparente sencillez, también se esconden riesgos: las condiciones de su conservación como de su realización, interpretación y comunicación deben hacerse con garantías, porque un almacenamiento inapropiado o la mala lectura de resultados también puede reducir la fiabilidad de los test, y por tanto derivar en falsos positivos o en falsos negativos. Por eso también el Ministerio de Sanidad ha mostrado sus reservas al plan madrileño y ha pedido datos concretos y no vaguedades, indicando desde problemas legales a logísticos, como que las farmacias deberían tener doble circuito covid y no covid por el riesgo de infección de su personal. Pero sobre todo las dificultades fundamentales se encontrarían en relación a la necesaria cualificación sanitaria del personal y en su coordinación con la red de centros sanitarios y con el sistema de salud pública, para su integración en la historia clínica y en la vigilancia epidemiológica para los positivos, pero también para los negativos que requieran PCR de confirmación y para el registro y aislamiento de casos.

A eso responde también que, con diplomacia vaticana, la UE haya respondido a la carta de la presidenta de la Comunidad de Madrid que los test rápidos de antígenos deben realizarse por personal sanitario y deben contar con laboratorio capacitado para su conservación, la toma de muestras, la interpretación de los resultados y la comunicación posterior a Sanidad y a las autoridades de salud pública. Ahí es nada. La conclusión es que al tiempo que deberíamos evitar el riesgo de nuevo de la precipitación en la desescalada económica con el espejismo de otra nueva normalidad, deberíamos huir también de los test como producto de consumo y a realizar en cualquier lugar, desvinculados de la atención primaria y la salud pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado en el último Consejo Europeo que haya test rápidos para detectar el covid-19 que sean «accesibles y disponibles para todos» en la UE «al mismo tiempo». En este sentido parece ir también la exigencia de reciprocidad entre países para el control de viajeros en los aeropuertos.

En definitiva, con la esperanza que suponen los resultados de la investigación de las vacunas del covid-19 y a las puertas de una masiva vacunación, también deberíamos cuidarnos de la tantas veces fracasada estrategia de erradicación de los virus mediante la otra panacea de las vacunas, y sobre todo de su acaparamiento exclusivo para los países ricos, lo que haría difícil el objetivo de su contención. Olvidaríamos con ello algunas de las lecciones recibidas sobre la magnitud de una amenaza letal frente a las demostradas flaquezas de la salud pública, de la sanidad española y de la gobernanza europea y sobre todo global.