Las lenguas, «vehículos» de choque


Llevan razón quienes afirman que el modelo de convivencia que debería regir la relación entre la lengua común y las vernáculas lo define la Constitución: la cooficialidad. Pero no la tienen al obviar que en los territorios donde existe las llamadas por los Estatutos lenguas propias (algo que convierte automáticamente al castellano en impropio, extraño o extranjero) se ha impuesto un sistema que vulnera la ley fundamental.

En Galicia, Cataluña, el País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares la lengua oficial resulta muy mayoritaria o únicamente la vernácula, porque así lo han decidido políticos que actúan en esa esfera con un cinismo insufrible, pues, salvo los nacionalistas, que se comportan con su habitual coherencia fundamentalista, la mayoría de los que no lo son hacen un uso meramente ritual de la abusivamente llamada lengua propia.

Solo en la enseñanza las cosas son distintas. La cooficialidad rige, en distinto grado, en los territorios con lengua vernácula, salvo en uno que ha sido gobernado casi siempre por los nacionalistas: Cataluña. Allí la inmersión ha barrido al castellano como lengua vehicular, hasta convertirlo en una asignatura con menos horas que el inglés. En el País Vasco, donde también el nacionalismo ha sido hegemónico, no cabía impulsar una inmersión de golpe y porrazo (¡y nunca mejor dicho!) por la sencillísima razón de que, al no ser el euskera una lengua romance, resultaría imposible imponerlo sin graves consecuencias. Pero en ello trabaja el nacionalismo vasco desde 1979.

Y es que, contra lo que afirman los nacionalistas, su objetivo no es, o no es solo, luchar contra la pérdida de hablantes de las lenguas vernáculas, sino, sobre todo, utilizarlas como un decisivo instrumento de construcción nacional en su proyecto independentista. Cataluña es aquí el ejemplo a imitar por los nacionalistas, entre ellos los gallegos, plenamente conscientes de que es la pérdida de la transmisión padres-hijos la que ha determinado el retroceso de hablantes en gallego, un proceso que la cooficialidad en la escuela no ha logrado revertir, por lo que el nacionalismo ha puesto en la inmersión todas sus esperanzas de poder llegar a hacerlo. Por eso era tan importante para los nacionalistas eliminar de la nueva ley de educación la naturaleza vehicular del castellano: para poder imponer, donde manden, la vernácula como lengua vehicular, según ya lo hizo en 2006 el Estatuto catalán. ¡Ahí nace la polémica!

Los nacionalistas contestan a quienes criticamos su política lingüística con una operación de despiste consistente en combatir un argumento que no forma parte del debate: la salud del castellano, dicen, no está en juego. Nadie cabal afirma tal bobada: lo que está en juego en España es el derecho de los castellanohablantes a ser educados también en su lengua propia, que es la que han aprendido de sus padres, y no solo en la que los nacionalistas quieren imponer en su estrategia de ingeniería social para impulsar la secesión.

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