¿Ayudas? ¡Evidentemente! Pero no café para todos

Santiago Niño-Becerra CATEDRÁTICO DE ESTRUCTURA ECONÓMICA. UNIVERSITAT RAMÓN LLULL

OPINIÓN

Jesús Diges | EFE

01 nov 2020 . Actualizado a las 12:56 h.

Podría haber escogido un título menos evidente para, a medida que iba escribiendo, ir desgranando aspectos y razonamientos que les fuesen poniendo en situación, pero no: he pensado que lo mejor era empezar yendo directamente al grano.

Punto número uno: los fondos disponibles para ser asignados en forma de ayudas no son ilimitados ni pueden crecer indefinidamente hasta donde haga falta porque:

Punto número dos: no es cierto que el nivel de deuda pública no tenga importancia aunque los tipos de interés se hallen actualmente en zona negativa, entre otras razones debido a que:

Punto número tres: cuando el virus llegó a España, la economía española estaba mal: déficit del 2,8 %, crecimiento del 2 % y en descenso, deuda equivalente al 95,5 % del PIB; una situación que el mismo Gobierno esperaba que iba a ir a peor: en las previsiones que el Gobierno publicó el 11 de febrero suponía un crecimiento del 1,6 % para el 2020.

Cuando las cosas van mal, trabajadores y empresas se vuelven hacia el Gobierno de turno independientemente del color que este tenga, y lo que se ha previsto tras la llegada del virus es tremendo para todo el planeta, para Europa en particular y en concreto para España… Porque España ya estaba mal y porque el 30 % del PIB de España precisa que no haya restricción alguna a la movilidad de las personas, ni a su agrupamiento, ni a su aglomeración.

Dicho todo esto, que sindicatos, empresas y sectores hayan vuelto su vista hacia el Estado es lógico y natural porque no pueden llevar a cabo con normalidad el desempeño de su actividad. El problema es que la totalidad de quienes han solicitado tales ayudas creen que no existe límite cuantitativo ni temporal a las mismas, y en mi opinión sí existe.

¿Qué volumen de fondos totales puede/podría España obtener para dedicar a ayudas? Se intuye que no es infinito, pero precisamente por eso, y por los costes que la deuda tiene -y no me refiero tan solo a los financieros-, se dibuja en el horizonte una pregunta: ¿deben ser atendidas por parte del Estado (y de los gobiernos regionales) todas las peticiones de ayudas que se presenten?

En los últimos meses ha reaparecido el concepto de empresa zombi. Es muy intuitivo: empresas inviables pero que existen gracias a ayudas, subvenciones y fondos varios. Digo que el concepto ha reaparecido porque no es nuevo: nació cuando comenzaron las inyecciones de anfetaminas financieras por parte (en la UEM) del BCE, pero ahora, con el covid-19, se ha agudizado y el número de empresas encuadradas bajo este rótulo ha crecido.

Los recursos son escasos, y su escasez ha de servir para adecentar y ordenar la casa. Por un lado el Estado (y las regiones por lo que les toca) deben hacer lo imposible por reducir el tremendo fraude fiscal que se produce en España, y por otro debe darse prioridad a las empresas con viabilidad garantizada y que muestren una cierta capacidad de retorno, sea en la forma que sea.

¿Ayudas? ¡Evidentemente! Pero no café para todos.