De responsabilidades y controles

E. Parra. POOL

Sí, de eso va, en el fondo, la Constitución, que tiene como presupuestos insoslayables los principios del Estado de derecho y la separación de poderes. De quién responde y quién controla. Y en nuestro modelo parlamentario, la responsabilidad es, primero de todo, del Gobierno, principal impulsor de la orientación política y de las decisiones fundamentales, y su control corresponde al Parlamento, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Y, si somos capaces de ver lo esencial, de eso mismo va también el debate sobre el estado de alarma, la duración de su prórroga y la consideración de «autoridad competente delegada» que el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, otorga a los presidentes autonómicos. Es verdad que el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, permite esta delegación, pero solo «cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad», lo cual, como es sabido, no es el caso del Real Decreto 926/2020, cuya declaración afecta «a todo el territorio nacional» (artículo 3). Es paradójico que cuando el estado de alarma abarcó solo parte de una comunidad autónoma (como sucedió hace pocas semanas con Madrid) no se delegó la autoridad a la presidenta, y ahora sí se haga a todos los presidentes autonómicos. Pero en fin, seguramente alguien piense que estos son pejiguerías de juristas siempre dispuestos a poner objeciones…

En realidad, el problema central no es esta delegación, ni siquiera el que la misma sea tan sumamente amplia que va a permitir a cada comunidad suspender todas y cada una de las medidas (con la única excepción inicial del llamado «toque de queda», que incluso parece que en la prórroga también podrá suspenderse). Eso puede tener incluso cierta lógica, pero esa lógica parece partir de un presupuesto algo viciado como es la idea de un estado de alarma prorrogado seis meses, que incluye medidas que es imposible prever si serán necesarias dentro de un mes, y por lo tanto, parece más fácil permitir que estas se desactiven incluso por completo, dejando paso a una declaración meramente formal y sin trascendencia. Ya vivimos algo parecido en las últimas fases del desconfinamiento. Si esto es así, y el decreto es solo un decreto de máximos convendría conocer la reacción frente a la posibilidad de que una comunidad autónoma supere incluso esos máximos estableciendo un confinamiento total de fines de semana. Con todo, en mi modesta opinión, nada de esto es lo peor. Lo peor es lo que parece derivarse de ese intento de desproporcionada prórroga de seis meses, en el que se pretende que todo el control quede en una comparecencia quincenal del ministro en la comisión de Sanidad; o incluso, que la propia declaración del estado de alarma quede en manos de un órgano tan alejado de la idea de control del Gobierno como una comisión interterritorial. Y eso unido a la desactivación del control jurisdiccional contencioso-administrativo previsto con carácter general para las medidas adoptadas por las comunidades autónomas, que ahora ya no será necesario según el artículo 2.3 del Decreto; y a que incluso se dice sin rodeos que para la adopción de las medidas de aplicación «no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno» (¿¡!?). Todo ello pone de relieve un difícilmente ocultable intento del Gobierno de eludir la responsabilidad que le corresponde constitucional y legalmente como autoridad competente, de soslayar los necesarios controles parlamentarios y limitar los jurisdiccionales (el propio decreto del estado de alarma, como es sabido, solo podrá impugnarse ante el Tribunal Constitucional, que acaso se pronuncie cuando todo esto sea un mero recuerdo…). Lo cual convierte una medida probablemente necesaria en este momento, como es la declaración del estado de alarma, en una situación algo más que preocupante desde la perspectiva de las responsabilidades y los controles, que no son, en democracia, mera forma o procedimiento, sino verdadera esencia.

Por Francisco Javier Díaz Revorio Catedrático de Derecho Constitucional

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