Llegados a este punto, con el covid descontrolado y causando estragos, no cabía otra que decretar un nuevo estado de alarma. Este instrumento constitucional, tan denostado por algunos durante la primera ola por restringir derechos fundamentales, proporciona el paraguas jurídico imprescindible para poner en marcha políticas coordinadas que sirvan para frenar la ya más que preocupante curva de contagios. El llamado toque de queda nocturno, que se ha implantado ya en varios países europeos, es, en principio, una herramienta útil para evitar reuniones, fiestas y botellones, grandes focos de infecciones. Los deberes que algunas comunidades autónomas no hicieron en el verano, por ejemplo Madrid, donde no se contrataron los rastreadores necesarios ni se reforzó la atención primaria; el excesivo triunfalismo del Gobierno, que creyó ilusoriamente que el virus había sido derrotado, han sido un cóctel explosivo que ahora nos estalla en la cara. La restricción de movimientos por la noche, los confinamientos perimetrales o el cierre de bares y restaurantes a horas temprana son el último cartucho antes de tomar una decisión que cada vez parece más cercana, el confinamiento total, con las catastróficas consecuencias que tendría para una economía ya en estado comatoso. Decretar un estado de alarma con la pretensión de que dure seis meses muestra la extrema gravedad de la situación y la poca confianza en que la vacuna sea una solución a corto plazo. Esperemos que, ahora sí, haya unidad política para afrontar la que se nos viene encima. No es el momento de jugar al desgaste del otro, sino de que cada administración asuma sus responsabilidades. Y, no lo olvidemos, también los propios ciudadanos. De nada sirve quejarse, hay que protegerse y proteger a los demás.