El eterno debate sobre la elección del CGPJ está basado en dos vergonzosos principios: que todos creen que el poder judicial es manejable; y que todos aspiran a manejarlo. Dado el estatus de los jueces, y la excelencia de los profesionales no jueces que integran la institución, sería lógico pensar que ningún miembro del CGPJ va a perder su independencia ni su ética por haber sido propuesto y votado por un partido político. Y, si nadie piensa que los altos funcionarios de la Administración, la sanidad o la enseñanza quedan condicionados por el tribunal que los promovió a su puesto, o por las autoridades que pueden sacarle brillo a su currículo, también podríamos pensar que ningún juez dejará de ser imparcial por el hecho de haber sido votado por un partido político. Pero no. En esto de los jueces -¡vaya por Dios!- el deseo de complacer a su amo se le supone, y se tiene por más difícil encontrar un juez imparcial que una camisa sudada por un peón caminero. No creo que la realidad sea esa. Y estoy convencido de que, si no nos apeamos de ese siniestro prejuicio, no habrá norma, ni pacto, ni modelo que pueda regenerar la imagen -pésima- de la Justicia.
En el debate actual sobre la elección del CGPJ, están chocando dos posiciones igual de equivocadas. La del PP, que piensa que el indecente bloqueo institucional -de esencia bipartidista- al que aboca la legislación actual, es una condición irrenunciable de la independencia judicial. Y la del PSOE, que piensa que el mismo procedimiento de bloqueo que aceptó y usó cuando le convenía, puede desarbolarse ahora, de forma chulesca, precipitada e inoportuna, poniendo al Parlamento y al CGPJ a los pies de los caballos. Creo que el punto de encuentro -in dimidio rerum- debería asumir que es imprescindible liberar al sistema político de cualquier posibilidad de bloquear a capricho el funcionamiento de las instituciones; y que esa liberación hay que legislarla en un momento más sosegado, con consensos amplios, sin la esclavitud de pactos oportunistas, y sin dar la sensación de que los que solo piensan en derribar pináculos van a dirigir desde ahora las obras de la catedral.
La vigente mayoría de 3/5 tiene que ser aligerada a los 2/3 de una primera votación, y a la mayoría simple en sucesivas votaciones, para que los pactos de Estado sean posibles, y el bloqueo imposible. La elección no debe hacerse por individuos, sino por bloques de tres o más candidatos, como se elige la mesa del Parlamento, para que ninguna mayoría pueda adjudicarse todos los puestos convocados. Y el CGPJ saliente debe cesar puntualmente al término de su mandato, para encomendar sus funciones, si fuese necesario, a una gestora provisional, cooptada, en función de sus cargos, entre las altas magistraturas judiciales. Todo, menos llegar a esta situación en la que el CGPJ, el Defensor del Pueblo, los consejos de control de RTVE y otras instituciones, constituyen un esperpento acusador contra una democracia que, poco a poco, está dejando de funcionar.