Cuando un Gobierno toma una decisión injustificable y se niega a reconocerlo, los argumentos para tratar de explicar el desaguisado acaban siendo más inaceptables que la propia metedura de pata. El veto de Pedro Sánchez a la presencia del rey en el acto de reparto de despachos a los nuevos jueces en Barcelona fue uno de los mayores disparates políticos que se recuerdan. Una demostración de que el líder del PSOE está dispuesto a todo con tal de conseguir el apoyo de los independentistas de ERC a los presupuestos. Pero si grave fue aquella decisión, peor ha sido la espiral creciente de tergiversaciones, ocultamientos y contradicciones en las que ha incurrido el Gobierno para defender lo indefendible. Moncloa filtró primero la especie de que fue el propio monarca quien decidió no acudir a Cataluña por razones de seguridad. Algo aberrante que implicaría que las fuerzas de seguridad son incapaces de garantizar la protección del jefe del Estado. Desmontada esa hipótesis pedestre, el Gobierno reconoció haber prohibido la presencia del rey en Cataluña. Y explicó que lo hizo para «velar por la convivencia» ante la cercanía del 1 de octubre.
Sostener que la conmemoración de un referendo ilegal justifica alterar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado es descabellado. Entre otras cosas, porque desde hace años la ley en Cataluña es solo una cosa molesta para el secesionismo. Si fuera por eso, Felipe VI no podría poner nunca los pies allí. Y defender que impedir la presencia del jefe del Estado en una parte del territorio de ese Estado favorece «la convivencia» es asumir el discurso del separatismo golpista y abandonar a su suerte a la mitad de los catalanes. El Gobierno trata de enmendar ahora ese despropósito con una improvisada visita de Felipe VI a Cataluña para acompañar a Sánchez en una entrega de premios. «Ya no es 1 de octubre», se justifica el ministro de Justicia. Algo que agrava el menosprecio al rey, porque transmite la idea de que el monarca solo puede visitar Barcelona si lo hace de la mano y como mero comparsa del jefe del Gobierno, y que supone asumir que hay fechas en el calendario reservadas para los golpistas en las que la Constitución no rige en Cataluña.
Que un partido comunista y antisistema como Unidas Podemos ataque a la jefatura del Estado no puede extrañar, aunque lo insólito es que lo haga desde el Ejecutivo y tras prometer lealtad al rey y la Constitución. Pero el problema no es el desvarío populista, sino la irresponsabilidad de un Sánchez que, para menoscabar en su favor la figura del rey, utiliza a Pablo Iglesias y a los suyos como instrumento para abrir una grave crisis institucional sin responsabilizarse personalmente de esa clara maniobra. El discurso de Felipe VI el 3 de octubre del 2017, hace ahora tres años, fue crucial para abortar el golpe secesionista. Hoy, es evidente que Sánchez no permitiría a Felipe VI una intervención semejante en defensa del orden constitucional. Es decir, que con un jefe del Estado deslegitimado por el Gobierno, gana el secesionismo y pierde España.