Lamentablemente no nos equivocábamos en las previsiones y análisis que hemos venido realizando en los últimos meses. Hoy nos encontramos inmersos en una grave crisis económica. Todos los indicadores lo corroboran. El más reciente informe de la OCDE señala que «la economía española será la más afectada de todos los países que componen la OCDE, con una contracción de su producto interior bruto (PIB) en 2020 que llegará hasta el 14,4 %». Es muy previsible una cadena de revisiones a la baja de las estimaciones macroeconómicas, ya que indicadores como la demanda nacional, el consumo de los hogares, la inversión, las exportaciones e importaciones, el empleo y un largo etcétera muestran tendencias muy poco favorables para nuestra economía.
El cierre de la actividad productiva, a causa de la crisis sanitaria, ha provocado la ruina de familias y empresas. En este contexto generado por el covid-19 la Administración ha estado paralizada, dividida y con escasa capacidad de respuesta inmediata; la pequeña empresa y los autónomos han podido contar con los gestores administrativos. Han sido días y meses en los que nos hemos volcado en presentar miles de ERTE, aplazamientos de impuestos, gestión de cobro de prestaciones de autónomos y trabajadores, obtención de financiación, préstamos ICO, mediación en arrendamientos, etcétera, posibilitando la supervivencia de miles de pequeñas empresas y autónomos.
Afrontamos ahora el último trimestre de este aciago año inmersos en la incertidumbre, pero con nuestra voluntad intacta para lograr la supervivencia de autónomos y pymes. Pero de esta situación será difícil salir si las administraciones públicas no inician cuanto antes un ambicioso plan de reformas que genere expectativas positivas a inversores y consumidores para poder asentar los cimientos de una recuperación sólida, rápida y fuerte. Se necesitan medidas que vengan a paliar la situación en la que se encuentran pymes y autónomos. Una reactivación de la economía ha de ser sobre la base de la generación de certidumbre, confianza y seguridad jurídica.
Certidumbre, confianza y seguridad jurídica que hemos venido demandando durante el estado de alarma, desescalada y rebrotes. Pero, una vez más, se ahonda en la incertidumbre y vemos que la decisión final sobre la prórroga de los ERTE mantuvo el suspense hasta el último momento. Y es solamente un ejemplo de los muchos que podrían ponerse, pero parece que era más urgente regular el teletrabajo. Nada es tan dañino para la economía como la incertidumbre.
Las empresas, los trabajadores, los profesionales y los ciudadanos en general están haciendo todo cuanto está a su alcance para paliar los efectos de esta crisis y conseguir una pronta recuperación, pero necesitamos medidas que aborden el problema en serio y para ello hay que reconocer la gravedad de la situación.
La demora en la toma de decisiones tiene un elevado coste.
Ojalá este otoño ponga a nuestros dirigentes en la senda de un análisis más racional y de menos improvisación.