Uno de los síntomas del covid es la pérdida de olfato. Pero no fue el virus, sino la saturación, la que menguó nuestra capacidad de oler la corrupción. Las papilas olfativas, como las del limpiador de letrinas, se acostumbraron al tufo y lo hicieron tolerable. Hasta que afloraron las cloacas del Estado, el juez levantó el secreto de sumario del caso Kitchen y un nuevo hedor, especialmente nauseabundo, taladró las fosas nasales.
Porque en la corrupción, como en la milicia, también hay grados. En la base está el alto cargo que, aprovechándose de su posición, mete la mano en la caja o exige la mordida. Siempre habrá, en toda administración o ente organizado, este tipo de facinerosos. Va en la condición humana. En un escalón superior se halla la corrupción institucionalizada y sus diversos subniveles. Desde las tramas diseñadas por una banda para su enriquecimiento personal hasta las organizaciones que patentan cajas B o pasan el cepillo del 3 % para financiarse ilícitamente.
Finalmente, en la cúspide, se yergue la corrupción suprema, la que nos ocupa: el uso espurio del Estado y de sus fondos reservados para tapar las corrupciones de menor rango, destruir pruebas incriminatorias, perseguir a rivales políticos, espiar y acallar a Bárcenas, fulminar a los traidores y conseguir la impunidad por sus fechorías. Corrupción elevada al cubo. E inédita hasta que el ministro Jorge Fernández Díaz, entre rosario y rosario e imposición de medallas policiales a la Virgen, decidió remover las cloacas y ponerlas al servicio del PP. Él o quien fuera que se lo ordenase. Y que no se me olvide: presuntamente.
El caso Kitchen ilustra acerca de los rasgos comunes de muchos escándalos de corrupción. La olla rara vez la destapa la justicia. Son los cómplices desairados, los subordinados descontentos por el reparto del botín o los siniestros mercenarios utilizados quienes levantan la alfombra. Personajes como el comisario Villarejo, que ahora esparce estiércol a diestro y siniestro, o Francisco Martínez, ex número dos de Interior, que tilda de «miserables» a Rajoy, Jorge y Cospedal porque lo dejaron tirado y sin el escudo de un humilde escaño en la Asamblea de Madrid.
Pero además, para alivio de los corruptos e incluso del sistema, la corrupción es una bomba política de efectos retardados. Cuando explosiona, su onda expansiva, atenuada por los años transcurridos, apenas alcanza ya a políticos prejubilados o retirados, eméritos y cesantes. Solo excepcionalmente, como le sucedió a Nixon en el Watergate y a algún terrorista despistado, el artefacto les estalla en las manos. Ese retardo permite a los herederos desmarcarse de sus progenitores. Lo hizo Rajoy, quien recuerda en su libro Una España mejor que los escándalos de su mandato «arrancaban en épocas bastante lejanas». Y lo hace ahora Casado, quien sitúa en «tiempos muy pasados» -los de Rajoy, precisamente- la operación Kitchen. Su reacción es tan comprensible como la del hijo que se niega a cargar con las culpas del padre: bastante tiene con padecer el estigma del apellido y siglas que heredó.