El término constitucionalista es utilizado por el PP a la vez como supuesta seña de identidad y como arma arrojadiza contra los independentistas, Podemos e incluso el PSOE. No cabe duda de que la Constitución y lo que ha devenido en llamarse de forma despectiva «régimen del 78» han dado a España los mejores años de su historia. Pero ser constitucionalista significa respetar la Carta Magna y Pablo Casado no lo está haciendo al bloquear la renovación de órganos esenciales en una democracia como son el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, RTVE y el Defensor del Pueblo. La excusa es que no negociará mientras Unidas Podemos siga en el Gobierno. Es decir, o Sánchez le entrega en bandeja la cabeza de Iglesias o esas instituciones seguirán sin renovarse sine die. Además de un disparate político, esta posición intransigente atenta directamente contra el espíritu de consenso que inspiró la Constitución, que los populares dicen defender contra todos y por encima de todo. En el fondo, la posición de Casado esconde un partidismo férreo: quiere mantener como sea la mayoría conservadora en el Poder Judicial, que lleva casi dos años en funciones, y evitar que la nueva mayoría progresista se refleje en el consejo, según el sistema de cuotas que rige el reparto, más que discutible pero vigente. Ser constitucionalista no es solo proclamarlo de boquilla y utilizar esa palabra en la contienda política, sino cumplir los mandatos que emanan de la ley de leyes. Ser constitucionalista no es, lógicamente, vulnerar la Constitución sino contribuir a su cumplimiento. Ser constitucionalista no es solo defender a capa y espada la monarquía parlamentaria, sino prestigiar las instituciones.